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Ayer, el ex fiscal de Estado, Sergio Avero había aseverado que durante la gestión Montiel se llegó a establecer un cálculo aproximado del monto que el Estado debió afrontar en concepto de pago de honorarios a los abogados, y ubicó esa suma en 6 millones de pesos. “De ese monto total, el 50 %, o quizá un poco menos, lo centralizó el estudio de Rosario Romero o abogados relacionados. Se estimó el monto en 3 millones de pesos”.

El ex funcionario subrayó un hecho peculiar y es la “falta de criterio” que existió en la Justicia a la hora de regular honorarios a los profesionales, con pisos que se ubicaban en los 150 pesos y topes que podrían ubicarse en los 30 mil en acciones por cobro de sueldos de estatales. “Una de las pautas que suelen utilizar los jueces a la hora de regular los honorarios son los valores en juego. Y siempre advertíamos una actitud de no morigerar la litigiosidad.

Siempre se regularon no menos 150 o 200 pesos en honorarios por amparo, y de ahí para arriba. Pude ver expedientes en los que se fijó honorarios de 25 mil a 30 mil pesos a la doctora Romero. Se notaba que los jueces en primera instancia nunca tuvieron un criterio uniforme, aunque después, en apelación, el STJ morigeraba los montos”, señaló Avero.