E
n primer lugar, el proyecto –que fue suscrito por otros diputados-- sustituye el artículo que fija la época de mora, y establece que “la parte deudora deberá haber incurrido en mora entre el 1º de enero de 1999 y el 11 de septiembre de 2003 y mantenerse en dicho estado desde entonces hasta la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley”.
“Es necesario ampliar la protección establecida por la Ley 25.798, en el sentido de brindar mayores garantías a los tomadores de créditos hipotecarios para vivienda única. La situación crítica en la que se ha encontrado la Argentina en los últimos años y que fundamentó la necesidad del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, no puede reducirse al período inicialmente previsto por la norma. Resulta obvio que la crisis no comenzó en enero de 2001, sino que allí hizo eclosión” fundamentó la legisladora.
“Se podrá sostener, --continuó la diputada-- con argumentos puramente numéricos, que la ampliación del plazo de la mora para obtener los beneficios establecidos por Ley 25.798, resulta onerosa a los intereses del Estado. Pero si la perspectiva del análisis es trasladada a los objetivos estratégicos de la Nación, el reconstruir la trama social en Argentina, requiere un plus de esfuerzo por parte del Estado, en cuanto a sostener en condiciones de dignidad la vida de sus habitantes y reafirmar la vigencia de los derechos sociales más elementales, entre ellos la vivienda. La erogación de hoy, en definitiva, se constituirá en una inversión de futuro”.
Contexto
Romero recordó que la inestabilidad económica –sobre todo de los últimos años—generó que los créditos hipotecarios, que en épocas anteriores posibilitaron a grandes masas de argentinos el acceso a una vivienda digna, se tornaran excesivamente caros y prácticamente impagables, alcanzando cifras que desnaturalizan su objeto y no tienen relación con el verdadero costo de las viviendas.
“Los bancos y entidades financieras ejercieron su presión para recuperar los préstamos a valores constantes, y ello significó para los deudores un verdadero problema, a veces insoluble, ya que los ingresos no crecieron en la medida de los requerimientos del sector financiero” acotó la diputada. Y rememoró que a ese complejo cuadro se sumó la dificultad de la “proliferación de bonos emitidos por las distintas Provincias y el propio Estado nacional”.
“Fueron tan grandes las variaciones producidas en los créditos, que alteraron la sustancia de lo que al inicio se había contratado” expuso la diputada del PJ. Esas variaciones, no se produjeron en una instancia de consenso entre deudores y acreedores, sino “en forma forzada por las circunstancias. Los bancos y entidades financieras en general no aceptaban los bonos y ello provocó la mora en muchos casos” continuó Romero.
“Todo ello –resumió la legisladora entrerriana—generó una injusticia del sistema, que permitió de hecho una implacable actuación de las entidades financieras contra los deudores, con la instauración masiva de juicios de ejecución. Hoy existe una situación de agobio: algunos deudores entregan los inmuebles por precios irrisorios ante la perdida de la vivienda, a través de remates judiciales, siendo despojados de sus bienes, con afectación de todo el entorno familiar”. En ese sentido, la diputada destacó la iniciativa de los deudores que comenzaron a organizarse, como por ejemplo los integrantes de Asuserfi y otras asociaciones, con las que mantuvo contacto para la elaboración del proyecto.
Romero reconoció que la Ley 25.798 vino a poner un equilibrio entre los intereses de las entidades financieras y de aquellos que tomaron un crédito hipotecario para comprar la vivienda única o encarar pequeños emprendimientos. Pero aclaró que “hoy ya se pueden ampliar sus alcances, y variar la modalidad de alguno de sus efectos”.
Por ejemplo, respecto del carácter optativo del sistema, opinó que “resulta una disposición que ha generado dificultades en la aplicación de la norma y en la solución de los casos. La entidad financiera se encuentra en una posición francamente ventajosa respecto del tomador del crédito, razón por la cual el Estado debe imponer el sometimiento al sistema creado por la ley, no dejándolo al arbitrio del acreedor”.
“Se deben garantizar los derechos de los acreedores y deudores dentro de una correlación de fuerzas jurídicas iguales, para restablecer el equilibrio de la balanza de la justicia, que siempre se ha inclinado a favor del económicamente mas poderoso” finalizó su argumentación, la legisladora entrerriana.
