Domingo 20 de junio de 2004
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Política
El Gobierno pedirá una autorización a la Legislatura para aumentar el presupuesto judicial
Para superar el conflicto suscitado por la actualización de los haberes en la Justicia, el Ejecutivo propone una suba escalonada del presupuesto hasta 2007 y una reserva para pleitos pendientes...

E

l presupuesto del año 2004 del Poder Judicial asciende a los 65,25 millones. El Gobierno pedirá una autorización a la Legislatura para aumentar en el segundo semestre el 18 % de la masa salarial, es decir, 5,7 millones más. Al mismo tiempo, se tramitará una ampliación presupuestaria por 1,63 millones de pesos para saldar reclamos litigiosos de empleados, funcionarios y magistrados. En total, el presupuesto 2004 treparía hasta los 72,58 millones de pesos.

En las notas que recibirán el martes los presidentes del Superior Tribunal de Justicia, doctor Daniel Carubia, y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, doctor Javier Seró, el Gobierno se compromete a que los presupuestos 2005, 2006 y 2007 serán, respectivamente, de 85,97 millones de pesos (18 % más que el 2004), de 89 millones de pesos (un 7 % más que el 2005), y de 90 millones de pesos. Tomando la referencia del presupuesto 2004, al final del actual período de gobierno sería casi un 45 % mayor.

En un aparte, aclara el Ejecutivo que los reclamos “por sumas controvertidas o litigiosas” podrán ser discutidos en un ámbito de negociación, con la idea de abonar las diferencias que pudieran existir en los años 2005 y 2006. “Con esta propuesta mostramos disposición a conversar y arreglar todos los temas”, le manifestó el doctor Jorge Busti a El Diario de Paraná. Aunque no lo diga abiertamente, es claro que el mandatario no pierde las esperanzas de lograr un acuerdo extrajudicial con los magistrados y funcionarios que reclaman el 38 % de aumento desde el 1 de enero de 2004.

Al sintetizar la propuesta, describió Busti que “se trata de un aumento escalonado del presupuesto judicial y, paralelamente, la reserva de un monto para atender cuestiones litigiosas irresueltas”.

En rigor, el Gobernador anticipó de modo informal el contenido de la proposición al presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, doctor Javier Seró, quien la manifestó su conformidad “a nivel personal” y dejó entrever que la iniciativa podía contar con acompañamiento entre sus representados (ver aparte). Lo propio hizo con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, pero el doctor Carubia más que una disposición al acuerdo le formuló reproches que pasarán del dicho al hecho cuando se ataque la inconstitucionalidad de las leyes que reglamentó la intangibilidad de los haberes y dispuso que para atender planteos vinculados a los haberes judiciales deberá designarse a conjueces, de la lista de abogados.

A propósito, el doctor Busti aseguró que en ambos casos las normas serán promulgadas. De ese modo, el nuevo mecanismo establece que: a) no habrá actualización de haberes salvo que la inflación supere el 30 % y, en ese caso, la mejora salarial representará la mitad; b) los magistrados no podrán ser “juez y parte” en las demandas donde esté en juego la liquidación de sus haberes; c) cualquiera sea el medio por el que se produzca la actualización salarial, el aumento será extendido a los empleados conforme el comúnmente denominado “enganche”. Al confirmar su acuerdo con lo resuelto en la Legislatura, Busti expresó que las dos leyes resultan ser “profundamente sensatas”.

El Gobernador señaló en otro plano que “nuestra intención es dejarle resuelto al próximo gobierno todas las cuestiones litigiosas pendientes y asegurar un contexto en el que no se produzcan nuevos conflictos por temas salariales”.

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