Lunes 21 de junio de 2004
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Política
Se fueron los profesionales del directorio del Inaubepro
Ahora quedó en manos de una mayoría oficialista, tanto de la Legislatura como del Ejecutivo, ya que la conducción perdió a tres de los nueve directores...

L

os que se fueron son representantes de quienes sostienen el sistema de becas a través del aporte del 2 % de sus ingresos por honorarios.

Los profesionales universitarios dieron un portazo y abandonaron las tres sillas que ocupaban en el directorio del Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro) disconformes, según dijeron, con el manejo “irregular” en el organismo y frente a la posibilidad de que su titular, Gustavo Zavallo, haya incurrido en la figura de “malversación” de fondos al haber instrumentado el pago de becas escolares a través del sistema de la tarjeta Sidecreer, y no en forma directa como fue desde el surgimiento de ese beneficio.

El Inaubepro es un ente que depende de la Legislatura —en el directorio, ocupan sendos lugares la diputada Alicia Haidar y el senador Carlos Orlandi, ambos de la mayoría justicialista— maneja un presupuesto del orden de los 5 millones de pesos al año, que sumados al aporte de Rentas Generales alcanza una cifra de 7 millones, y administra un sistema de 8.500 becas para estudiantes secundarios, terciarios y universitarios.

El mecanismo de las becas surgió en 1989 y se sostiene en base al aporte económico de los profesionales, que destinan un 2 % de sus honorarios, aunque el 80 % elige el camino más económico y hace un aporte mínimo de 20 pesos. En la distribución de los formularios para acceder a una beca —que no es universal, ya que al año se imprime un número limitado— cobra relevancia la intermediación de los legisladores provinciales. Cada bloque recibe un número determinado de formularios que luego los distribuye en sus respectivos departamentos, una tarea que fue oportunamente cuestionada por la diputada provincial Beatriz Montaldo, del Nuevo Espacio. A pesar del llamado de atención, ningún legislador creyó oportuno revisar esas prácticas.

PROYECCIONES. Para este año, la Dirección General de Rentas (DGR) ha hecho una proyección optimista: estima que como consecuencia del “mejoramiento” general de la economía, la recaudación del Impuesto a las Profesiones Liberales, que financia el sistema de becas, crecería un 25 %. Esa previsión halagüeña motivó el enojo de la Asociación de Entidades de Profesionales Universitarios Universitarios de Entre Ríos (Aepuer), que a través de su titular, Amado Siede, hizo público su malestar al sostener que “no existe ningún elemento de la realidad que permita pensar que los profesionales entrerrianos vayan a ver incrementados sus ingresos durante el corriente año”.

En realidad, el retiro de los representantes de Aepuer —Ángel Ferrara, Mónica López Alfaro y Delma Abt— estuvo motivada en una serie de observaciones hacia el manejo interno del Inaubepro, como el alto costo administrativo, las contrataciones de personal y el acuerdo con Sidecreer, y su concreción deja al organismo en manos de una mayoría oficialista, que domina el consejo consultivo superior. Así, la cuarta reunión de directorio del organismo, prevista para el 26 del actual, no contará con la representación de los profesionales, que conforman el consejo asesor.

RESPUESTA. Desde el Inaubepro, mientras, contestan con munición gruesa a las críticas de los profesionales y dejan entrever el “alto” nivel de morosidad que registra el Impuesto a las Profesiones Liberales lo que, en la práctica, aseveran, dificulta la posibilidad de ampliar el universo de beneficiarios de las becas.

“Para otorgar una beca, uno de los aspectos que se considera, además del rendimiento académico del alumno, es su situación socioeconómica, y en los últimos años la crisis ha puesto en condiciones de acceder al beneficio a mucha más gente. Por eso, en vez de hacer críticas infundadas, los profesionales deberían abocarse a la tarea de ser más solidarios con la comunidad educativa, incentivando la no evasión del impuesto”, sostuvo Gustavo Zavallo. El titular de Inaubepro arremete, además, contra el supuesto “aval” de la Aepuer a lo hecho durante la administración del ex gobernador Sergio Montiel al haber instrumentado “una industria del transporte” de escolares de escuelas Intermedias de la zona rural. Por ese servicio, se acumuló una deuda de casi 4 millones de pesos, recordó Zavallo, y “jamás se preguntaron si para ello no existía una posible malversación de fondos”.

Los números oficiales dicen que en 2003 se gastó esa cifra para transportar a diario 3.582 alumnos en zonas rurales; este año, en cambio, son 4.905 los estudiantes a transportar, con un costo que se ubica en 1,9 millones de pesos, que se financiará con recursos de Rentas Generales, según Zavallo.

El funcionario asegura que ese tema está ahora en manos del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos para que averigüe, entre otras cuestiones, cómo es que algunos transportistas llegaron a “subcontratar” prestaciones, y otros se convirtieron en empresas prósperas luego de haber celebrado acuerdos con el Estado.

Nombres

UN MISMO APELLIDO se repite dos veces en el directorio del Inaubepro, ahora dominado por el justicialismo. La diputada Alicia Haidar preside el ente, que depende de la Legislatura provincial, y su hermana, Lucila Haidar, vocal del Consejo General de Educación (CGE), integra el consejo consultivo superior.

Para destacar

Este año estiman que habrá unos 8.500 estudiantes beneficiarios del sistema de becas, apenas un tercio de la demanda que efectivamente hay.

Se trata de una ayuda económica que se sostiene a lo largo de los ocho meses que dura el ciclo lectivo, y que representa 40 pesos en el nivel secundario; 60 pesos en el nivel terciario; y 100 pesos en el universitario.

El trámite para obtener el beneficio se inicia con la obtención de un formulario; un primer filtro se produce en la escuela, y luego lo evalúa el Inaubepro.

En nivel medio, se le exige la totalidad de las materias aprobadas; en terciario, un mínimo del 80 %; y en universitario, un mínimo del 60 % de las materias aprobadas.

Tienen prioridad los estudiantes de escuelas públicas por sobre las de gestión privada, y en caso de dos estudiantes que reúnan los requisitos exigidos, tendrá la beca el que obtenga más puntaje en función de su condición socioeconómica y su rendimiento académico.

Fuente: El Diario

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