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La propuesta que por escrito envió el Ejecutivo a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales y al mismísimo Superior Tribunal de Justicia, no tuvo contestación formal. Pero saben dentro del Gobierno que un grupo de jueces está preparando una presentación para atacar las ya publicadas leyes 9.570 y 9.571 que, básicamente, disponen que cada vez que se trate de cuestiones vinculadas al haber que perciben el expediente quede en manos de conjueces y que a partir del 1 de julio sólo habrá actualización en los sueldos cuando la inflación supere el 30 % y sólo por la mitad de ese índice. El régimen normativo que la Legislatura modificó, en acuerdo con el Ejecutivo, establecía una actualización anual entre octubre y octubre pero si el costo de vida superaba el 15 %, la actualización era automática.

Mientras escucha con oído atento el ruido que proviene de la habitación donde debate el sector más antagonista, de reojo busca ampliar la base del acuerdo con los “dialoguistas”, si es que la caracterización es útil para aludir a aquellos grupos, cuantitativamente más importantes, que no ven con malos ojos la propuesta oficial de aumentar los haberes en un 18 % para el segundo semestre, discutir aspectos controversiales pendientes y, en todo caso, pagar la deuda que pudiera haber en cuotas, entre 2005 y 2006, siempre y cuando los judiciales acepten retirar las demandas y planteos.

Para que el acuerdo se cierre, deben suscribirse convenios individuales, una tarea suficientemente complicada, que pondrá a prueba la capacidad de resolución de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Como toda fuerza genera una reacción, contra ese esfuerzo se levantará la actitud “militante” de magistrados que ya en otras ocasiones han desarrollado funciones propangandísticas despacho por despacho si fuere necesario, con un celo que sería la envidia de cualquier puntero político o el mejor mensajero de la más insistente secta religiosa. Parece una exageración, pero así están dadas las cosas.

BORRADOR. Con esa premisa en el horizonte político, el gobierno provincial entregará un esbozo de proyecto de convenio de cancelación de lo que se le está adeudando al Poder Judicial. Así lo hizo público el secretario General de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Néstor Minata, al término de un encuentro que calificó como muy importante.

“Ha sido muy importante el encuentro con el Gobernador, el nivel de diálogo y sinceridad fue muy rescatable”, dijo el dirigente al señalar que “hubo una excelente apertura por parte del Gobernador de la provincia para plantear la propuesta para el Poder Judicial”.

El motivo del encuentro fue manifestar la preocupación de la entidad “por la finalización de la vigencia de la Ley 9.538 que suspende la actualización salarial por el costo de vida entre enero y junio de este año”. En ese marco, los directivos de la Asociación mencionaron los numerosos encuentros mantenidos con legisladores y funcionarios en el marco del interés “por llegar a una solución que conduzca, de la manera menos cruenta posible, al arribo de una solución”, pero remarcaron que “restaba conversar con el propio Gobernador para despejar algunas dudas respecto a la nota que éste remitió al Superior Tribunal de Justicia en el marco de la propuesta elevada al Poder Judicial en su conjunto”.

En otro orden, Minata aseguró que “nos llevamos una respuesta a nuestro planteo”, y puntualizó que quedaron a la espera de que el gobierno les acerque “un primer esbozo de un proyecto de convenio de pago de la cancelación adeudada”. Entre esos conceptos aparece “una parte reconocida mediante el Decreto 15 que es lo que corresponde a la actualización de los haberes del Poder Judicial de octubre de 2002 a noviembre de 2003”.

Fuente: El Diario