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Es en este marco se señala que las Constituciones Nacional y Provincial “establecen la garantía de la intangibilidad de los haberes de los señores magistrados y funcionarios del Poder Judicial, y que desde el fin de la Ley de Convertibilidad no ha sido pacífica la forma de mantener la vigencia de tal principio, lo que ha provocado un conflicto de gravedad institucional que afectó el normal funcionamiento de uno de los Poderes del Estado”.

Asimismo se remarca que “es decisión del Poder Ejecutivo incrementar las partidas presupuestarias para que en forma progresiva se logren alcanzar los niveles porcentuales que permitan jerarquizar y optimizar el funcionamiento del servicio de justicia en Entre Ríos”.

Luego se recuerda que “a través de la ley 9538, que suspendió la actualización de haberes por el término de 180 días y hasta el 30 de junio de 2004, se logró darle previsibilidad a las cuentas del sector público, habida cuenta que por vía judicial se venía reconociendo el derecho a la actualización de haberes; lo que ha significado una contribución del sector judicial a la gobernabilidad de los primeros meses de esta gestión”.

También se consigna que como hasta la fecha la ley 9538 “no ha sido mayoritariamente cuestionada” y rige hasta el 30 de junio de 2004, se impone “adoptar decisiones en materia de política salarial teniendo en consideración la real situación económica, financiera y social de la provincia”.

Tras considerar que “resulta necesaria una adecuada distribución de sacrificios dentro de toda la sociedad”, el decreto afirma que deben “realizar el mayor esfuerzo aquellos que más tienen, de suerte tal de asegurar que el fruto del ahorro de un sector será invertido en la recomposición salarial de los que menos tienen”.

Luego advierte que “si bien es cierto que están mejorando las condiciones objetivas en que se desenvuelven las economías nacional y provincial, aún persisten necesidades por servicios básicos insatisfechos cuya atención es responsabilidad del gobernante”, al tiempo que asegura que es “materialmente imposible afrontar de una sola vez y con los recursos actuales la totalidad de la demanda de los diversos actores de la sociedad, por lo cual se impone disponer aumentos salariales graduales que no provoquen un desfinanciamiento en las cuentas públicas”.