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Los miembros del Consejo Directivo de la asociación profesional no esperaban la decisión, según se supo, por cuanto una versión indicaba que era decisión del Ejecutivo mantener en sus puestos a los dos vocales interinos designados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Según el mismo rumor, la intención del gobierno era “no hacer olas” con cambios en el Poder Judicial, justo cuando en el medio se cruzaba el conflicto por el congelamiento de la actualización salarial que significó una reducción del 38 % en los haberes que percibían a diciembre de 2003.

En la reunión ordinaria del Consejo Directivo, que tuvo lugar el 2 de julio en Concordia, el primer tema tratado por los abogados fue la decisión del Gobernador. El mandatario había fundamentado oficialmente la medida en la trayectoria de las magistradas y en su condición de mujeres. “Queremos darle un toque femenino al STJ”, explicó Busti poniéndose a tono con lo que propició el presidente Néstor Kirchner en la Corte Suprema de Justicia.

El escueto comunicado fue producto de largas horas para consensuar una posición. Es por eso que los miembros del Consejo Directivo prefirieron no dar entrevistas más que para remitirse al texto convenido.

“El Colegio de Abogados de Entre Ríos recuerda a colegas y comunidad en general que, según lo ha venido sosteniendo y peticionando en los últimos tiempos, debe ser un objetivo fundamental del estado de derecho el mejoramiento del servicio de justicia”, prologó la entidad.

“Para ello, se ha peticionado que las vacantes del Poder Judicial sean cubiertas por quienes acrediten una sólida trayectoria científica y antecedentes profesionales destacables en el fuero en que se desempeñarán. En este sentido, el Consejo de la Magistratura ha sido un paso altamente positivo en el camino por recorrer para lograr una justicia cada vez más idónea y más independiente”, destacó el colegio profesional en relación al organismo que integra con dos representantes.

Observó la entidad, sin embargo, que “aún admitiendo que cubrir las vacantes en el Superior Tribunal de Justicia continúa siendo una facultad del Poder Ejecutivo, el Consejo Directivo del CAER debe expresar públicamente que las magistradas propiciadas para las vacantes existentes en el más Alto Tribunal de la provincia no satisfacen ni los pedidos que se venían efectuando, ni las expectativas que se tenían al respecto”.

El colegio enfatizó su preocupación por cuanto “se trata del máximo Tribunal y como tal, del control último de legalidad y constitucionalidad en nuestra provincia. En función de ello, y en razón de la necesaria participación que la institución exige en cuestiones vinculadas al ejercicio profesional, se expresa la desaprobación que las propuestas merecen”.

Según se supo, el planteo central del colegio se vinculó a la trayectoria de las magistradas en relación con las salas del STJ a la que serían asignadas. Mientras tienen un largo camino andado en el fuero penal, la doctora Medina de Rizzo tendría por destino la sala laboral en tanto que Pañeda iría a completar la sala civil.