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En las últimas horas surgieron dos noticias de relevancia para la marcha de las cuentas públicas. Una de ellas tiene que ver con la decisión de ordenarlas, puertas hacia adentro del Estado. La otra plantea cierto desahogo en los años por venir en virtud de una decisión de la Nación de refinanciar parte de los vencimientos de deuda de 2005, 2006 y 2007.

“Estamos lanzando las pautas internas de armado del presupuesto 2005 y el gran desafío es que contenga las previsiones para la actividad que desarrolla cada área y, al mismo tiempo, que permita evaluar la evolución y la calidad del gasto, lo que llamamos medición de resultados”. La expresión pertenece al ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, contador Diego Valiero.

En declaraciones a EL DIARIO, el funcionario explicó que la idea es establecer previsiones de tal modo que, por ejemplo, además del pedido de la partida que se va necesitar para el año se establezca el número de camas y del personal afectado en toda su variedad, se detallen los destinos presupuestarios y hasta la característica general del servicio que se presta. Con esa información, entiende Economía que se podrían establecer análisis comparativos con otras unidades similares.

“Nosotros pensamos que la discusión por el presupuesto 2005 debe ser más amplia que la del 2004, que fue un presupuesto de transición”, dijo Valiero al referir que “la intención de fondo es avanzar en la planificación de las acciones más allá de un ejercicio anual, es decir, ir diseñando proyectos plurianuales”.

En rigor, esa alternativa ya está planteada en el presupuesto 2004, pero fue muy poco difundida: una inversión de cuatro millones para refacciones en el Hospital San Martín, a ejecutarse en el término de tres años, independientemente de que la autorización se produzca en un ejercicio anual concreto.

“El armado del presupuesto no debe ser sólo una cuestión técnica, sino que debe servir para el diseño e instrumentación de políticas, de modo que los funcionarios responsables vivan en carne propia la cuantificación de las metas que se proponen”, expuso Valiero.

EJEMPLO. Al ser consultado sobre la situación del personal en el Ministerio de Salud y Acción Social, precisó que en la planta de esa cartera “hay cuatro grupos que componen la liquidación de haberes. Uno es el de planta permanente en el que cada uno de los cargos está presupuestado con categoría. De este total de cargos presupuestados, que asciende hoy a 7.505, hay cerca de 1.100 que se registran como vacantes.

Después está la planta temporaria a través de la figura de los contratos de servicio. La Ley de Presupuesto autoriza un cupo de 1.950, y hasta el momento se formalizaron 1.730 contratos. Es decir, hay 214 cargos vacantes. El otro grupo lo integran los afectados por la Ley 9.235, y de la cual existen diversas disposiciones y decretos que establecen que esos cargos deben pasar a planta. “Hay que cumplir con la obligación de genera esos cargos.

Hoy se plantea la necesidad de hacer esa incorporación ante la Legislatura y de hecho, los senadores aprobaron ayer la incorporación de 860 cargos. Esto, sumado a algunos cargos vacantes, permitirá que esta planta en 60 días aproximadamente esté cubierta por los afectados por la norma 9.235”, explicó.

“El desafío es poder superar cuestiones de este tipo porque son cuestiones estructurales y que hacen a la organización del Estado”, consideró, luego de precisar que “cada área avance en el cómo se instrumenta la política de salud, y cómo se cumple y ejecuta esa política”.

La línea de trabajo en materia administrativa —que implicará tres meses aproximadamente— es para que cada funcionario sepa cuál es el camino que quiere seguir, y esto traducirlo presupuestaria y ejecutivamente”.

PAGOS MENORES. El otro asunto de relevancia se produjo con la aprobación que el Senado de la Nación hizo del proyecto oficial de Ley de Responsabilidad Fiscal. Como se sabe, la iniciativa mantiene el límite de endeudamiento del 15 % para las provincias, lo que de movida nomás deja afuera a varias jurisdicciones, inclusive Entre Ríos. Pero, por presión de las administraciones justicialistas, la Nación aceptó reprogramar los vencimientos por fuera de ese 15 %, lo que en los hechos se traduce en un alivio constante y sonante porque los pagos serán menores.

Al respecto, Valiero indicó que la ley establece que, en cada uno de los ejercicios, los servicios de deudas no pueden superar el 15 % de los recursos corrientes netos de transferencias de municipios. Nuestra provincia tiene montos en servicios de aproximadamente 310 millones de pesos para el año 2005, 410 millones en el 2006 y 430 millones para el 2007. “Es decir que estaríamos fuera de los parámetros que establece la ley”, concluyó Valiero.

Enseguida agregó que varias provincias están en la misma situación por lo que habría una decisión del Ministerio de Economía de la Nación de poder refinanciar los servicios con programas de financiamiento. En este sentido, Valiero aclaró que “hay que reconocer que, si medíamos esto en diciembre del 2003, el financiamiento era muy difícil de conseguir. Hoy, al haber aumentado los recursos tanto provinciales como nacionales, la situación es distinta”.

Cambios en la coparticipación

RESPECTO A LA REDUCCIÓN DEL MONTO DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL, el ministro dijo que lo que cambió en la distribución de los recursos, es la incorporación del sistema previsional, por lo que las provincias pierden recursos. “Actualmente los socios son tres —dijo Valiero— la Nación, las provincias y el sistema previsional”. Enseguida detalló que hay una Ley de Coparticipación que, en principio, contenía a todos los impuestos que se recaudaban. Luego, comenzaron a producirse algunas reformas impositivas que van quitando recursos del fondo coparticipable para asignárselo a otros destinos, “ahí es cuando comienzan a perder las provincias”, manifestó.

Fuente: El Diario