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En los considerandos del decreto se destaca que el Poder Ejecutivo Provincial está decidido a desarrollar toda la actividad política y jurídica "tendiente a la recuperación de la verdad histórica sobre los hechos producidos durante la dictadura militar que asoló a nuestro país durante los años 1976-1983, en consonancia con las políticas que al efecto lleva adelante el Estado Nacional, y coadyuvar a la concreción de la justicia, mediante una justa sanción a quienes cometieron delitos utilizando para tales fines el aparato estatal".

Asimismo, expone que, en razón de la representación de los intereses de la comunidad que inviste el Estado Provincial, cuya titularidad ejerce el Gobernador, corresponde constituirse como querellante en representación colectiva en las causa mencionadas, más aún cuando dicha representación "se convierte en compromiso moral ineludible por tratarse de la investigación de crímenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles, que se habrían perpetrado en nuestra Provincia".

Por otra parte, resalta "la constante y permanente preocupación" de la Provincia de Entre Ríos, desde la recuperación de la Democracia, en el tratamiento integral de la temática vinculada a los Derechos Humanos, "y en particular a las penosas situaciones vividas durante la última dictadura militar". Y se recuerda que "ha sido una impronta en las Políticas Públicas del Estado Entrerriano la defensa de los Derechos Humanos de sus habitantes", aspecto que ha ocupado la agenda institucional, con el objeto de la recuperación de la Memoria Histórica y la defensa de los derechos básicos de toda la comunidad. En ese sentido se destaca, por ejemplo, la creación en 1984 de una Comisión Permanente Bicameral para la Defensa de los Derechos Humanos en el ámbito de la Legislatura Provincial; la creación en 1987 de la Subsecretaría de Derechos Humanos; y diversas iniciativas en el ámbito de la educación, como por ejemplo, la inclusión de una Cátedra de Derechos Humanos a partir del año académico 1989 en todos los planes de estudios de los institutos terciarios de la Provincia; y la institución –en 1997-- de la "Semana de la Memoria" coincidente con el 24 de marzo de cada año, con el objetivo de que las instituciones educativas públicas profundicen y reflexionen sobre los hechos acontecidos durante la dictadura militar.