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��Y así como decimos que no nos adueñaremos de lo que no es nuestro, también afirmamos enfáticamente que la Provincia no asumirá el pago de la deuda contraída y que el peso de la misma no se trasladará a los usuarios”. La expresión fue pronunciada en la Asamblea Legislativa el 1º de julio último, por el doctor Jorge Busti y, efectivamente, estaba dirigida al presente y futuro de la Empresa Distribuidora de Energía de Entre Ríos (Edeersa).
En aquel momento, puede que haya sonado a definición a secas pero, al calor de los últimos acontecimientos, está claro que se trataba de un mensaje por elevación. La deuda a la que el mandatario alude es tan grande como la pila de dólares que hay que hacer hasta alcanzar los 87 millones. Los dueños del 60 % de esos papeles son tres bancos (entre ellos, BBVA-Francés y JP Morgan) y Ashmore tiene en sus manos el resto.
Ashmore, junto a Marathon y Fintech administran fondos especializados en activos de alto riesgo que, según un informe publicado por un especializado diario porteño en su edición de ayer, “entran en empresas con deudas impagas, comprando a precio de regalo los pasivos a los acreedores originales” ó “los préstamos que tenían tanto con bancos del exterior como grandes entidades financieras con filiales en el país, cuyas casas matrices, espantadas por la debacle institucional y financiera decidieron pasar a pérdida su cartera crediticia o reducir su exposición en la Argentina”. En el caso de Edeersa, PSEG directamente abandonó la concesión, pero el proceso financiero posterior fue más o menos el descripto.
El informe del matutino El Cronista Comercial, para quien “la búsqueda de ganancias de esos fondos es el freno más fuerte que enfrentan las firmas para reestructurar sus pasivos o incorporar accionistas”, sale a luz justo cuando el Gobierno intenta arribar a un acuerdo con los acreedores de Edeersa, pero desde una posición clara: a) el 51 % de las acciones tipo A serán puesta a la venta y sólo temporariamente están siendo administradas por el Estado, el concedente; b) el 39 % de las acciones tipo B están en poder de Inverdersa y son los responsables últimos de la deuda de 87 millones de dólares; y, c) el 10 % restante de las acciones pertenece al programa de propiedad participada del que intervienen los empleados.
“Estamos trabajando para la solución definitiva del problema, teniendo muy en claro la diferencia entre nuestro objetivo de cancelación total de la deuda, en contraposición a la propuesta de reestructuración de la misma, tal como lo pretenden algunos interesados, en connivencia con los acreedores, presionando hacia el aumento de tarifas que sólo busca cobrarse del esfuerzo del pueblo entrerriano”, describió el presidente de la compañía en representación del Estado.
Pronunciada esta definición, aclaró que el préstamo de 80 millones de dólares más intereses, actualmente se encuentra vencido e impago y que el lastre deja a Edeersa en una comprometida situación financiera.
En tal sentido consignó que “la venta de las Acciones Clase “A”, producto de la ejecución de la garantía prendaria, ineludiblemente requiere establecer condiciones que aseguren la sustentabilidad del servicio público”. Y que para ello es imprescindible la solución definitiva del endeudamiento que actualmente compromete la concesión del servicio.
De esta forma, el funcionario no dejó dudas sobre la decisión del Gobierno de la Provincia de exigir la cancelación total del préstamo sindicado, como forma de resolver definitivamente este desajuste financiero. No obstante, Molina enfatizó que “la toma de este endeudamiento fue responsabilidad exclusiva de los señores accionistas de Edeersa, por lo que resulta claro que los costos de esta decisión deben ser asumidos por éstos y nunca pueden ser trasladados a los usuarios del servicio”.
Tampoco dejó pasar la oportunidad para referirse al cuestionado fideicomiso cuya cara visible es el abogado porteño Norberto Abal: “Es muy evidente que algunas personas aparecen como autores ideológicos y materiales de la fuga del fiduciante que es la firma PSEG, principal responsable del endeudamiento, con quienes instrumentaron un fideicomiso sin otro objeto que cubrir de impunidad esta huida descarada, para lo cual no titubearon en utilizar a los trabajadores que colocaron como fideicomisarios o beneficiarios”, dijo al dar cuenta de su preocupación por asegurar la continuidad de la fuente de trabajo y el mejoramiento de las condiciones de empleo de la Empresa, de quienes valoró “su capacitación, empeño y compromiso para garantizar un eficiente funcionamiento y el sostenimiento del servicio”, también dejó delineada su adhesión e intención de aceptar la propuesta que, por iniciativa de un grupo de empleados “propicia que el 39 % de las Acciones Clase “B” de las que son fideicomisarios los trabajadores de Edeersa, sean puestas a la venta conjuntamente con el 51 % de las Acciones Clase “A” en proceso de licitación a cargo de la Provincia”.
