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Para tener una idea del camino que pretende desandar la Secretaría de Energía algunos números resultan contundentes: en la actualidad podrían estar conectados a la red de gas natural 70.000 usuarios del interior y sólo hay 24.000.

Pero además, el convenio trata de ordenar una maraña de deudas cruzadas y, a la vez, habilitar nuevamente la conexión de los usuarios, primero donde las redes de aproximación están construidas y luego mediante ampliaciones. En el primer caso se logrará mediante la constitución de un fideicomiso de 40 millones de pesos que será para financiar conexiones e instalaciones internas, por lo que se podrá acceder a un crédito blando, que se pagará con el ahorro de la sustitución del gas en garrafas (Gas Licuado de Petróleo) por el gas natural. En una segunda etapa habrá otro fideicomiso de 40 millones destinado a realizar extensiones, que se pagará con el mismo ahorro, aunque en una mayor cantidad de cuotas. Para realizar extensiones se requerirá un usuario cada 30 metros.

El acuerdo que se negocia desde los últimos días de 2003 entre la Secretaría de Energía encabezada por Carlos Molina, y Gas Nea, se basó en dos premisas que se fijó el actual gobierno al asumir. Por un lado se decidió no avanzar ni un metro en nuevas redes si no se conectan más usuarios a las ya existentes, y por otro se decidió no pagar la deuda con Gas Nea, sino canjearla por obras, para “no comprometer financieramente a la Provincia”.

Una maraña de deudas

El otro objetivo del convenio que se firmará mañana es resolver los incumplimientos de la Provincia y de la distribuidora de los convenios firmados en 2000 y 2003, lo que requiere del repaso de la historia –simplificada– de esta relación para comprenderlo.

El 1996 el gobierno justicialista privatizó la entonces Empresa Provincial de Energía Eléctrica (Epeer) para destinar ese dinero al desarrollo gasífero de la provincia, incluida en la región novena del país, inexistente al momento de privatizarse Gas del Estado.

La Provincia propuso construir la infraestructura, es decir el gasoducto troncal entrerriano y los de aproximación a 35 localidades, mientras que a la distribuidora se le exigía hacer las redes de distribución para esas 35 localidades. Para financiarlo se sancionó una ley de contribución por mejoras que permitía repagar la inversión. Se lograba así conectar a las 35 localidades con un costo de 60 millones de dólares sin comprometer financieramente a la Provincia, y todas las redes que realizara Gas Nea quedarían en propiedad de esta.

En 1999 se hizo el gasoducto de aproximación para 13 localidades pequeñas más, llevando el número a 48, aunque Gas Nea –que aceptó operar los gasoductos de aproximación– argumentó que por tratarse de localidades pequeñas no les cerraba el negocio en los 35 años de concesión.

Ya en 1999, el nuevo gobierno encabezado por Sergio Montiel derogó la contribución por mejoras, al momento en que Gas Nea había hecho conexiones para 23 localidades, pero con un grado de avance de aproximadamente 70% en el trabajo previsto ya que había tendido 1,1 millones de metros de red, especialmente en el desarrollo de Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Gualeguay que llaegaba casi al 50%, además de comprender otras poblaciones grandes, como Villaguay, Diamante o Victoria.

Al derogar la ley el gobierno reformuló el convenio con Gas Nea, reconociendo las obras hechas y comprometiéndose a hacer todas las obras pendientes. Se le reconoció a la distribuidora una deuda por un monto de 37 millones de pesos, que surge de multiplicar los 65.089 potenciales usuarios por 580 pesos, que era el costo de la contribución por mejoras. Como faltaban casi 20.000 convenios se restaron 11 millones de esos 37. La deuda estaba entonces en 26 millones. A eso se le descontó el resultado del valor presente neto la contraprestación (13 millones aproximadamente) menos dos obras de refuerzo por unos 4 millones pesos (la de GualeguayGalarza que posibilitó el cierre sur se inauguró el viernes). De esta forma la deuda quedó en unos 16 millones, a lo que se sumó el compromiso de la Provincia de completar las obras que faltaban.

Sin embargo, entre 2000 y 2003 la Provincia pagó unos cuatro millones y prácticamente no avanzó en las obras que tenía que hacer en ese plazo. En 2003, debido a los incumplimientos, se volvió a negociar el convenio y la provincia le reconoció a Gas Nea una deuda de 17,7 millones y se amplió en cuatro años más el plazo para concluir la obra.

Desde julio a diciembre de 2003 la Provincia pagó 6 millones, por lo que se llega a diciembre de 2003 con una deuda de 11,7 millones y obras por hacer. El planteo del nuevo gobierno de Jorge Busti en la Secretaría de Energía fue no pagar la deuda y canjearla por obras, además de atacar las conexiones, ya que de los 70.000 frentistas habilitados hay 24.000 conectados. Lo que equivale a decir que hay 155 millones de dólares en infraestructura más todas las redes de aproximación para abastecer sólo 24.000 unidades catastrales.

La negociación con Gas Nea se inició en enero. La Provincia pagó 1,7 millones para la certificación de la obra inaugurada el viernes y así quedaron 10 millones de deuda, que Gas Nea quería cobrar. Para “no comprometer financieramente a la Provincia” en Energía comenzaron a analizar los viejos acuerdos.

Se detectó que al reconocer el valor de la obra de 580 pesos de contribución por mejoras –lo que incluía el chicote que baja al nicho de gas y el costo del medidor de 203,80 pesos– el gobierno había pagado los montos correspondientes a los medidores en 2000 sin que la distribuidora los hubiera comprado, ya que se preveía que la distribuidora devolvería ese monto a medida que fuera haciendo las instalaciones. Pero Gas Nea nunca cumplió, porque a su vez la Provincia no le pagaba. Así se detectó un crédito a favor de la Provincia, que sirvió para compensar deuda, omitiendo exigir la devolución de ese monto.

Otro mecanismo de compensación será que Gas Nea se obligará a pagar por cada una de las facturas mensuales correspondientes al uso del gasoducto entrerriano un porcentaje de lo que la Provincia adeuda a la Transportadora de Gas del Norte (TGN ) que se encarga del mantenimiento del ducto y de la operación comercial con un costo anual cercano a los 400.000 pesos.

Como Gas Nea no pagaba por el uso del gasoducto, la Provincia no pagaba a TGN, llegando a deberle 1,4 millones de pesos. Con el nuevo convenio Gas Nea destinará un porcentaje anual a pagar en cada una de las facturas mensuales de TGN por la distribuidora. En lo que resta de 2004 será 40% mientras el otro 60% va a compensar la deuda. En 2005 y 2006 el porcentaje subirá a 60% para terminar en 80% en 2007, hasta que se compense la deuda, cuando pasarán a pagar el 100%. Así se regulará la situación con TGN.

Estos acuerdos permitirán manejarse con cierta holgura a la Energía de la Provincia que debe, por ejemplo, hacer frente a un estudio del gasoducto entrerriano que se realiza con un robot que lo recorre completamente y cuyo costo supera los 3 millones de pesos. Tal estudio debió hacerse a principios del año pasado, pero las autoridades de la administración provincial de aquel momento determinaron omitirlo por –según se argumentó– carecer de fondos suficientes para su concreción.

Se estima que al término de los cuatro años de obras habrá, como mínimo, 30.000 nuevas conexiones al servicio, aunque el cálculo asciende a 50.000.

Las dudas que se exhiben en torno del valor de la deuda

Una de las dudas que se plantean consiste en saber cuánto pagaron los usuarios residenciales de sobrecosto por no poder reemplazar las garrafas por gas natural, debido a la parálisis del ritmo previsto de conexiones. Si se tiene en cuenta que el consumo residencial promedio de Entre Ríos es de 1.000 metros cúbicos, surge un costo de gas natural promedio anual de 250 pesos; frente al equivalente en gas licuado de petróleo en garrafas de 45 kilos que son 16 cilindros al año, el costo es de entre 1.600 y 1.800 pesos.

La diferencia mínima –1.350 pesos– multiplicada por el mínimo de conexiones nuevas que debieron realizarse –25.000– arroja por año el pago de un sobrecosto anual de 33,75 millones de pesos, lo que en cuatro años arroja un mínimo de 135 millones. Este cálculo se realiza con costos moderados y sólo sobre el consumo residencial.

Durante la gestión 199599 se instalaron 1.400 kilómetros de caños de acero capaces de soportar una presión de 70 kilos por metro cuadrado, de espesores de entre 12 y 24 pulgadas. En la gestión 199903 se instalaron 40 kilómetros de caños de acero de menor diámetro, capaces de soportar 14 kilos por metro. En el mismo período inicial, durante la segunda gobernación de Busti, se instalaron 1.100.000 metros de redes, de caños plásticos, frente a algo menos de 150.000 metros en el período gubernamental del Montiel. El récord histórico de consumo en la provincia se registró el lunes, con 690.000 metros cúbicos, lo que superó ampliamente la capacidad contratada de Gas Nea de 500.000 metros.

Fuente: Diario Uno