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adie duda de que la propuesta del diputado provincial Raúl Patricio Solanas levantó polvareda: si fracasa el llamado a licitación por el 51 % de las acciones clase A, conviene dar participación a la Justicia a fin de que instrumente un concurso preventivo y, así, los acreedores se vean obligados a poner sus acreencias bajo la lupa del síndico que podrá revisar la legitimidad de los créditos y las condiciones en que fueron tomados, propuso el legislador oficialista. Lo que está en juego es la deuda millonaria (87 millones) en dólares, una buena parte de la cual está en poder de los llamados capitales buitres.
Para el Gobierno, no cabe duda de que esa deuda es de Edeersa y fue asumida bajo la responsabilidad del anterior controlante de la mayoría, Inverdersa, que mantuvo el 39 % de las acciones clase B luego de que el Estado resolviera retomar el control de la distribuidora.
Precisamente, el director general de Edeersa, ingeniero Silvio Ekker manifestó que “el contrato de concesión con la Distribuidora de Energía Eléctrica contempla claramente los procedimientos que son de aplicación insoslayable por el Poder Ejecutivo Provincial en su carácter de concedente, para el caso de incumplimiento de la prestadora del servicio, previsto en el artículo 37 inc. b) o para el caso de quiebra (art. 40)”.
Fue entonces cuando, sin vueltas, señaló en referencia a la quiebra que “este último supuesto no es operativo, ni puede ser ocurrente si se presentaron las causas de las disposiciones primeras, como legítimamente las adoptó el Poder Ejecutivo Provincial en el dictado de los Decretos Nº 151/MEOSP, del 23 de diciembre de 2003 y Nº 798/MEOSP, del 4 de Marzo de 2004, por el que se obligó a vender por licitación las acciones prendadas para su transferencia a un nuevo inversor”.
En referencia al comité de adjudicación que establece el pliego dejó aclarado que “su contenido ha sido diseñado y aprobado por los representantes del Poder Ejecutivo y la Comisión Bicameral del Poder Legislativo Provincial, conforme lo establece la Ley, todo bajo la opinión y debida intervención de la Contaduría General y la Fiscalía de Estado de la Provincia.”
En tal sentido, no dejó de señalar que “este minucioso estudio apoyado por profesionales especializados, ha permitido contemplar muy especialmente las condiciones que resguardan su transparencia, continuidad del servicio, cancelación de la deuda, seguimiento y control del flujo financiero, inversiones pactadas, Dirección Técnica a cargo de un operador idóneo, una tarifa que no traslade costos al usuario, las condiciones laborales justas, la fuente de trabajo, y todo cuanto de una u otra manera pudiera afectar los intereses de los entrerrianos.”
En elíptica objeción al legislador, Ekker dejó en claro que “este proceso que se está llevando en forma absolutamente abierta a los ojos de todos los entrerrianos, requiere de todos aquellos que pudieran tener la noble intención de informarse o aportar, lo hagan siempre desde la responsabilidad y el equilibrio necesario, como modo de no incorporar elementos que puedan debilitar la posición de la Provincia en esta compleja situación”.
Nadie duda de que la propuesta del diputado provincial Raúl Patricio Solanas levantó polvareda: si fracasa el llamado a licitación por el 51 % de las acciones clase A, conviene dar participación a la Justicia a fin de que instrumente un concurso preventivo y, así, los acreedores se vean obligados a poner sus acreencias bajo la lupa del síndico que podrá revisar la legitimidad de los créditos y las condiciones en que fueron tomados, propuso el legislador oficialista. Lo que está en juego es la deuda millonaria (87 millones) en dólares, una buena parte de la cual está en poder de los llamados capitales buitres.
Para el Gobierno, no cabe duda de que esa deuda es de Edeersa y fue asumida bajo la responsabilidad del anterior controlante de la mayoría, Inverdersa, que mantuvo el 39 % de las acciones clase B luego de que el Estado resolviera retomar el control de la distribuidora.
