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La denuncia fue presentada el 27 de diciembre de 2000 ante el Juzgado de Instrucción Número 6 de Paraná, a cargo Héctor Toloy, por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).

Según consta en el expediente, elevado a la Sala I de la Cámara del Crimen para la sustanciación del debate oral y público, el 15 de julio de 1999 González firmó la Resolución 49 del Ipcmer mediante la que autorizó un subsidio para la cooperativa Asesorar Ltda. cuya matrícula nacional se hallaba en trámite. El dinero sería afectado de los fondos de Promoción Cooperativa Ley Nacional 23.427.

De acuerdo a la solicitud esgrimida por la entidad, los integrantes de la misma eran todos trabajadores desocupados del establecimiento citrícola Pin Fruta, por lo que el gobierno provincial dictó el Decreto 4626 ratificando la resolución de González, librando el 7 de septiembre de 1999 la orden de pago de los 30.000 pesos.

Sin embargo, dos semanas más tarde, el Poder Ejecutivo resolvió dejar sin efecto esa norma por que “no obra acreditada la inscripción de la citada cooperativa en los registros Provincial y Nacional de Cooperativas.” El domicilio de la cooperativa Asesorar coincidía con la dirección particular del presidente de la Cooperativa, Héctor González, hijo del ex funcionario procesado. En realidad, la mayoría de los integrantes de la cooperativa eran miembros de la familia de Abel González, como su esposa Audelina Cenciarini.

Por otra parte, durante la instrucción se demostró que en los listados de los ex empleados de Pin Fruta no figuraba ninguno como afiliado a Asesorar.

El próximo 18, desde las 9 de la mañana, González deberá responder frente a los vocales de la Cámara, Felipe Celli, Juan Sobrero y Juan Ascúa, por qué no se apartó de resolver la solicitud efectuada por su propio hijo ante el organismo que él conducía. Esa actitud le valió la imputación de “negociaciones incompatibles con la función pública”.

En tanto, por haber dictado la resolución de otorgamiento de matrícula a la Cooperativa Asesorar, sin contar con un dictamen legal previo, constituyó su presunto incumplimiento de deberes de funcionario público.