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n despacho enviado a Informe Digital detalla que se pone en marcha entonces los previsto en la Constitución entrerriana en su artículo 169, donde se establece que "los funcionarios judiciales letrados a que se refieren los artículos 155 y 162, no sujetos a juicio político, podrán ser acusados, por faltas o delitos cometidos en el desempeño de sus funciones, ante el Jurado de Enjuiciamiento".Esta instancia institucional de relevancia está integrada por tres miembros del Superior Tribunal, dos Legisladores (un diputado y un Senador) y dos abogados elegidos por el Colegio de Abogados de la provincia.
Jodor indicó que de este modo se continúa y cumple con el procedimiento para permitir el derecho a defensa de los magistrados. A partir de este momento tienen cinco días para hacerlo, aportando pruebas y fundamentando debidamente su accionar en torno a esta situación.
Agregó que una vez que respondan los magistrados se deberá decidir si se forma causa o no. Consultado sobre los tiempos dijo que "son plazos relativamente breves" y recordó que el Jurado tiene 30 días para dictaminar si se forma causa o no contra los magistrados.
El legislador destacó "el proceder del gobernador en una coyuntura muy delicada, en la que ha demostrado una gran valentía, en un caso sensible ante la sociedad entrerriana que conmovió al país".
Resaltó que "el gobierno entrerriano utiliza los mecanismos constitucionales establecidos para este tipo de cuestiones, lo que muestra un fuerte respeto del Estado de derecho y de sus instituciones".
"Se activan los mecanismos constitucionales para tratar de llegar a la verdad y responder a una demanda de la comunidad entrerriana", comentó.