E
l anunciado proyecto de ley tendiente a poner freno a los denominados “fondos buitre” deberá cambiar sustancialmente su texto si no quiere invadir facultades que son propias del gobierno federal o chocar con garantías constitucionales, como el derecho de propiedad, según se desprende de los comentarios que ya recogió la iniciativa, que aún no tiene estado parlamentario, según confirmó ayer una fuente del Senado.
El texto, elaborado por la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, ya tiene forma de anteproyecto de ley y se plantea “preservar” empresas con participación estatal ante eventuales “maniobras de especulación” que busquen acceder a su control o entorpezcan “acuerdos de reestructuración empresaria”, definiciones que claramente apuntan a Ashmore, el fondo de inversión que ya tendría el 100 % de la deuda de 87 millones de dólares contraída por la Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA (Edeersa).
En medio de un proceso de licitación ya lanzado para reprivatizar el control del 51 % de las acciones clase A de la distribuidora que deberá desembocar en diciembre próximo con la transferencia a un nuevo operador, el Gobierno está lidiando con Ashmore, un fondo de inversión especializado en la compra de deudas defaulteadas de las privatizadas, que amenaza poner piedras en el camino. Ashmore, uno de los tres principales “fondos buitre” que operan en el país, compró esa deuda a valor depreciado: se estima que pagó entre un 20 y un 30 % de su valor nominal, y ahora pretende sacar la mejor tajada del negocio.
Por eso el Gobierno ideó un plan para ponerle freno a las aspiraciones del fondo inglés. El anteproyecto de ley que elaboró el área que conduce José Gervasio Laporte considera como “maniobras especulativas” a “la adquisición de pasivos, títulos, acciones, obligaciones negociables y demás instrumentos representativos y/o de títulos públicos a precio vil, entendiéndose por tal la compra por un pocentaje inferior al cuarenta por ciento (40 %) del total del pasivo o del valor nominal en su caso de las empresas alcanzadas por la presente normativa”.
El análisis que ayer hacían en Edeersa sobre el texto del anteproyecto de ley anti “fondos buitre” es que tal como está redactado no tendría chances de avanzar en su tratamiento legislativo. Al respecto, una fuente de la distribuidora dijo que “no podemos tildar de especulativa a la decisión de conseguir una acción de una determinada empresa a precio más bajo que su valor nominal, cuando la Nación está negociando con los acreedores externos una quita de la deuda del 75 %. En ese caso, la Nación también estaría incurriendo en maniobras especulativas”. Aunque no sólo se apoyan en el sentido común para dar esa opinión: también manejan el borrador de un dictamen jurídico especialmente pedido, y que desaconsejaría seguir el camino legal de una ley ante “fondos buitre”.
Esa opinión, que todavía se maneja en reserva, contendría un dictamen crítico respecto del anteproyecto de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación.
Según se observa allí, la pretensión de poner freno a los fondos especulativos tal como pretende el Gobierno entrerriano “excedería” la competencia provincial y avanzaría sobre facultades propias de la Nación. Una de las observaciones dice que “son de dudosa constitucionalidad” las normas procesales contenidas en el anteproyecto que establece un “per saltum” por el que se pretende dar intervención en un eventual litigio directamente al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
En función de esas advertencias, cobra más fuerza el camino de establecer trabas legales en el contrato de concesión, que forma parte como anexo del pliego de base y condiciones que rige el proceso de reprivatización de Edeersa ya en marcha, como forma de dejar fuera de juego al fondo inglés Ashmore.
Uno de los puntos sería una cláusula gatillo que haría caer la concesión en caso de que en un plazo de 250 días el nuevo adjudicatario no alcance un acuerdo final con los acreedores. Además, se pondría un piso de 5 años lapso en el cual se vedaría cualquier transferencia accionaria, y quien se presente como oferente deberá hacer frente a un depósito en garantía de 20 millones de dólares. “No estamos negociando con carmelitas, y por eso el Gobierno quiere ponerse a resguardo”, ha dicho el secretario de Energía y director general de Edeersa, Carlos Molina.
Aunque todos los interesados en presentarse a la licitación de Edeersa tienen muy en cuenta a los acreedores. “Antes de comprar un pliego, todos van primero a hablar con Ashmore”, dijo una fuente de El Diario de Paraná.
