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Al momento de dar a conocer su proyecto el Senador Jodor indicó que la iniciativa “viene a dar una solución que desde hace muchos años requiere la justicia entrerriana” y explicó que la existencia en la provincia de centros poblados pequeños o medianos en los que todos se conocen, hace necesaria la aplicación de un mecanismo “que garantice sustraer al ciudadano de la posible venganza de un denunciado”.

Se trata de agregar al Código Procesal entrerriano un artículo sobre TESTIGO DE IDENTIDAD RESERVADA. Esto implicaría que, por razones de seguridad personal del testigo, a su pedido o de oficio, se mantendrá en reserva la identidad de la persona, debiendo asegurar el Fiscal que los datos filiatorios del testigo sean guardados en caja fuerte.

A los datos como la declaración del testigo alcanzado por esta figura solo podrán acceder el Juez, el Fiscal y el Defensor. En relación a este último el acceso será “bajo juramento de no revelarlo a su defendido”. A los efectos del proceso el testigo de identidad reservado será identificado con un número.

Para el legislador “es común que ciudadanos no pueden atestiguar por amenaza de los imputados, que los provocan y amedrentan con el fin de aplacar el “animus narrandi” del deponente”.

Jodor sostiene ante sus pares que la aplicación de esta figura permitirá poner en práctica “una idea simple que puede ser mejorada con la costumbre judicial”, llevando con ello instrumentos que la sociedad reclama buscando un marco de mayor seguridad ciudadana.

Este proyecto cobra en la coyuntura actual mayor importancia. Se trata de generar libertad y seguridad al momento de testimoniar, lo que se haría lejos de cualquier posible intimidación o inquietud que puedan provocarle al testigo un imputado o sus cómplices.