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Tras la sanción del proyecto, el presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, lo desautorizó debido al impacto económico que tendría sobre el organismo a su cargo. La idea que dejaron ver los legisladores es que si esa opinión hubiera llegado antes, no hubieran votado el proyecto, de autoría del diputado Enrique Cresto, y se hubiera evitado este encontronazo con el Poder Ejecutivo que ahora se dirime por el lado del encuadramiento de la tropa oficialista en la Legislatura provincial.

Eso fue más o menos lo que explicaron a una delegación del Sindicato de Amas de Casa que ayer por la tarde recorrió los despachos de la Legislatura: estamos de acuerdo, por eso lo votamos, pero nos explicaron que no se puede, que no es el momento y estamos dispuestos a estudiar una alternativa de solución de conjunto.

El tono con el que la titular del Sindicato, Sara de Amavet, culminó la ronda de consultas con diputados y senadores del oficialismo no fue el del malestar. Valoró la “voluntad compartida de sentarse a una mesa con datos en la mano para reformular el sistema estructuralmente”.

De cualquier modo, discrepó con Elías en cuanto a que la iniciativa de Cresto implicaba un impacto negativo en el corto plazo “sobre un universo que ya es deficitario”. Mencionó que el proyecto sancionado que habilita el reingreso al sistema de las amas de casa que llevaban varios años de aporte —“entre 5 y 8 años”— iba a significar “dinero fresco” para la Caja y “no habilitada una masiva cantidad de nuevas jubiladas en el corto plazo, porque implicaba un sistema de cuota y moratoria”, con sus respectivos intereses, lo que hacía que “la reincorporación no fuese gratuita”. Además observó que le permitía al Poder Ejecutivo, desde la reglamentación, manejar los plazos para regular el impacto sobre el sistema.

Amavet calculó que el beneficio especial que vetó el Ejecutivo alcanzaba a “más de dos mil mujeres” que “aportaron entre 5 y 8 años y dejaron de hacerlo durante un año, y no lo hicieron porque se fueran a Europa o Miami aprovechando el uno a uno, sino que se trata de un sector altamente vulnerable que se vio afectado por las sucesivas crisis de los últimos años”.

La delegación del Sindicato pidió a los legisladores que “si no es con la letra de este proyecto, sea con la letra de otro, pero que estudien financieramente una reforma estructural”.

Según explicó Cresto, el proyecto de ley “era un compromiso con las jubiladas Amas de Casa que habían aportado al régimen pero se vieron imposibilitadas de seguir pagando, ya sea por los Federales o porque no habían recibido las chequeras, por un plazo determinado”. En estos casos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley 8.107/88, cuando los aportes dejaban de realizarse durante determinado período —un año— “caducaba el derecho a jubilarse y los aportes anteriores quedaban prácticamente incautados”, precisó el diputado.

Dijo además que el proyecto fue elevado a Elías para su estudio e incluso, como no tenía dictamen del organismo previsional, “se dejó un artículo para que la Caja lo reglamente”.

Tras la aprobación de la norma por parte de ambas cámaras legislativas, “el propio Elías establece que no era factible, seguramente por el impacto económico que tendrá en la Caja”, opinó Cresto, refiriéndose al veto interpuesto por el Poder Ejecutivo.

De todos modos el diputado de Concordia aseguró que si bien “el proyecto quedará sin efecto”, existe el compromiso “del Gobernador de seguir trabajando en las Amas de Casa que verdaderamente quedaron fuera del régimen por injusticias de la gestión anterior”.