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El texto ingresado en la Cámara de Senadores obliga al Gobierno a arrendar todas las tierras fiscales de Entre Ríos, “tanto las que se encuentran desocupadas como las que a la fecha de la sanción de la presente ley están en posesión de particulares a través de permisos precarios y/o por cualquier otro título”, indica el texto legislativo, cuya autoría le pertenece al legislador del departamento Nogoyá, Carlos Orlandi.

En tanto, también contempla la creación de un Fondo de Reconversión de la Producción Ictícola y del Desarrollo de la Educación Técnica y Agrotécnica en la zona rural, que se obtendrá a partir del ingreso que obtendría la Provincia por arrendar estos predios.

Más adelante, en el articulado del proyecto, se establece que los contratos de arrendamiento “deberán tener una duración no inferior a tres años”; serán renovables y “no podrán ser subarrendados”, destinándolo a la apicultura, la cría de animales, vacunos, entre otras actividades productivas, y prohibiéndose el uso para la explotación agrícola como también la utilización de agroquímicos en el inmueble objeto de los contratos de arrendamientos.

Asimismo, se precisa el modo en que se fijará el precio de las locaciones. En este sentido, se detalla que el precio de los contratos de arrendamiento para quienes están ocupando las tierras fiscales, al momento de la sanción de la norma, será como mínimo del 70 % del precio que se fije, de acuerdo al mercado inmobiliario o la tasación que determine el Concejo de Tasaciones.

Con el claro propósito de promover una aplicación ágil y efectiva de la ley, el artículo quinto del proyecto otorga “un plazo único e improrrogable de 120 días para que la Dirección de Tierras Fiscales del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos instrumente y celebre, previo relevamiento general en toda la provincia de cada uno de los permisos otorgados, los contratos de arrendamiento respectivo con cada uno de los ocupantes de las tierras fiscales”.

Agrega para el alquiler, previo a la celebración del contrato, deberán estar al día con los impuestos provinciales. También obliga al arrendatario pagar en tiempo y forma el precio pactado y el impuesto inmobiliario provincial. En igual sentido, la propuesta legislativa establece que “los funcionarios públicos provinciales que no cumplan con el plazo establecido en la presente ley, estarán incursos en una conducta que configura causa grave a los fines de su remoción”.

Una vez establecidos los predios con los que cuenta la provincia se hará una oferta pública de los mismos y los fondos que puedan obtenerse serán administrados por la Secretaría de Producción y por el Concejo General de Educación de la Provincia.

Se destinarán específicamente para financiar el Fondo de Reconversión de la Producción Ictícola y del Desarrollo de la Educación Técnica y Agrotécnica en la zona rural, en un porcentaje igual de un 50 % para cada uno.

En los fundamentos de la iniciativa, Orlandi explica que se apunta a “generar ingresos genuinos que permitan financiar un fondo destinado a la defensa de un recurso natural importantísimo en nuestras economías regionales, como es el ictícola. Además, se busca arrendar miles de hectáreas que permanecen en muchos casos ociosas, lo que en la actual coyuntura es injustificable”, detalló el legislador justicialista.

Al tiempo que consideró que aplicar un sistema que obliga al Estado a promover el arrendamiento de los predios fiscales, permitirá generar una renta genuina para financiar este fondo.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, sostuvo que la aplicación de este sistema beneficiará a los ocupantes actuales de dichas tierras, ya que tendrán seguridad jurídica, y además aumentarían los ingresos del fisco, porque se obliga —en la misma ley— a cumplir con los tributos provinciales.

En el caso de la reconversión de la explotación ictícola que se propone, los pescadores son beneficiarios directos, porque se podrá evitar la depredación que la pesca indiscriminada provoca en los ríos de la provincia.

El otro destino del fondo es el apoyo a la educación Técnica y Agrotécnica “en las zonas rurales de la provincia”.

A través de la reglamentación de esta ley se apunta a generar las mejores condiciones objetivas para que quienes viven en la zona rural sigan allí, y así evitar el éxodo a las grandes ciudades. “Apoyar la educación de los jóvenes en zonas rurales es fundamental, porque se les da la posibilidad de continuar en su medio, con sus familias, sin tener que emigrar a los centros urbanos para poder estudiar”, destacó.