Lunes 23 de agosto de 2004
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Política
Una ART se haría cargo del control médico docente
La aseguradora de riesgos del trabajo (ART) del Instituto Autárquico Provincial del Seguro podría asumir la tarea de control y seguimiento de la salud de los docentes y ordenaría el complicado sistema de licencias por enfermedad que, según las aut...

P

ero el excesivo gasto en suplencias, si es efectivamente así, parte de la carencia de controles eficientes del mismo Estado. Actualmente, y aún contra la normativa vigente, los agentes del Estado provincial no cuentan con una cobertura de ART en caso de accidentes o enfermedades, y ese agujero comenzó a ser ocupado por la aseguradora del Instituto del Seguro que ya está firmando convenios con distintos organismos. Ya lo hizo con el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), y ahora la experiencia continuaría con la más abultada de las plantillas que dependen de la Administración, la docente.

Ya en mayo último, el Consejo General de Educación (CGE) dictó una resolución por la cual pretendió facilitar la vuelta al trabajo de aquellos docentes que permanecían con licencia por enfermedad y que no podían reintegrarse a la escuela debido a la saturación de casos que tiene a estudio la única junta médica con que cuenta el Estado para los más de 50 mil agentes. Sin el visto bueno de la junta médica oficial, ningún maestro puede retornar al trabajo después de una licencia por enfermedad.

Así pues el CGE dispuso que para casos determinados, el reintegro de los docentes a las aulas se haga “con el alta otorgado por su médico particular, previa visación del hospital público”, con las únicas excepciones de los casos de afecciones psiquiátricas y de traumatismos.

Pero esa solución no resultó por cuanto se descubrió que entre el 80 y el 90 % de las licencias son enfermedades de largo tratamiento por afecciones psiquiátricas o distintos traumatismos.

En ese marco, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se consensuó con Educación un proyecto para instrumentar un Departamento de Salud Escolar que tendría a su cargo la certificación de los diagnósticos por enfermedad de los 35 mil maestros que cobran salario del Estado, la realización de exámenes psicofísicos de ingreso y la puesta en marcha de programas de prevención de enfermedades profesionales. La iniciativa apuntaba a la regionalización de las juntas médicas y la constitución de los médicos escolares.

Según contó Amalia Homar, vocal gremial en el CGE en representación de Agmer, la propuesta fue presentada el 20 de julio último a los ministros de Gobierno, Sergio Urribarri, y de Salud y Acción Social, Graciela López de Degani, y entonces tuvo buena acogida, con la promesa de que a mediados de agosto habría una definición. La necesidad de ordenar las licencias por enfermedad parte de la base de considerar que el gasto en suplencias no puede superar, como ocurre ahora, el 8 % del presupuesto destinado a Educación.

Ese proyecto, que ahora habría quedado sin posibilidades de llevarse a la práctica, planteaba la idea de que “cada departamento tenga el médico escolar, que es una figura que existe en algunas partes. Ese médico escolar sería el profesional que designa el Estado para asistir a un docente cuando se enferma, y que asumiría la tarea de determinar el diagnóstico y los días de licencia por enfermedad que correspondiesen en cada caso. Así comenzaríamos con una etapa de contralor, y se dejaría sin efecto lo que hoy circula que es el certificado médico particular”, según dijo Homar.

No obstante, esa iniciativa ahora parece haber quedado archivada y en su lugar el Gobierno motorizaría la propuesta de que sea el Instituto del Seguro, a través de su aseguradora de riesgos del trabajo, quien asuma la tarea del contralor médico de la planta docente. “No vemos ningún avance en la implementación de la propuesta que presentamos en el mes de julio —admitió Homar—, aun cuando el ministro se había comprometido a dar una respuesta a mediados de agosto. En vez de eso, se daría el control médico docente a una ART”.

Esa medida, de concretarse, significaría, para Agmer, “un corrimiento del Estado de su responsabilidad, y el mantenimiento de la acusación al docente de que genera un abultado gasto en suplencias por enfermedad. Pero en realidad —asevera Homar— no se asume la responsabilidad del contralor desde el propio Estado, y se plantea el serio riesgo de que el control deje de ser estatal, y se haga una tercerización de servicios”.

Homar cuestionó el hecho de que el Instituto del Seguro “no cuenta con una estructura armada para asumir esta tarea, y por eso insistimos en que se trabaje, desde el propio Estado, en forma conjunta desde Salud y Educación”. Desde Agmer indican que, durante la gestión del ex gobernador Mario Moine, se aplicó una experiencia piloto en varios departamentos que incluyó la privatización del control médico docente que, dice Homar, “no funcionó, y por eso reiteramos la necesidad de que esté el Estado controlando, y que haya médicos del Estado ejerciendo los controles”.Fuente: El Diaro

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