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La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto por el cual se solicita al Estado Nacional que expropie los bienes muebles del ex Frigorífico Regional Santa Elena, hoy en propiedad del empresario Sergio Tasselli. La iniciativa pasará ahora a otras dos comisiones, la de Industria y la de Presupuesto y Hacienda, que deberán hacer su dictamen al respecto.

Si existe coincidencia en las resoluciones, el proyecto de ley podría tratarse en el Congreso en dos meses, aproximadamente. Si en el recinto, la iniciativa es favorable, el Estado nacional deberá expropiar los bienes muebles que fueron adquiridos por Tasselli en el remate producido en abril de 2003, por la suma de 2.157.969 pesos.

Según se establece en el proyecto, “una vez producida la posesión de los bienes existentes en el inmueble, el Gobierno nacional deberá acordar con el Banco Nación, el destino conjunto y en bloque de los muebles y de los inmuebles”. “Lo que se auspicia con este proyecto es que la unidad económica vuelva a ser una, es decir los bienes muebles e inmueble, y se posibilite una salida laboral a los ex trabajadores”, indicó la diputada nacional Rosario Romero.

“Una vez que se consolide la unidad económica, la idea es que se analicen y estudien los proyectos de reactivación, entre ellos el que presentó la cooperativa de trabajadores en 2002. Aspiramos a que el frigorífico recomience su actividad con los ex trabajadores, tal como ha sucedido en otras partes del país con la recuperación de fábricas”, indicó Romero.

“Este proyecto se inscribe en la búsqueda de soluciones productivas y laborales requeridas por el sufrido pueblo de Santa Elena. La recuperación del frigorífico significaría un paso de vital importancia para la economía de la región, además de significar la recuperación de una fábrica, todo un símbolo de un proceso de recuperación de lo nacional y de la defensa de los intereses de las mayorías”, acotó la legisladora.

Aunque no está especificado en la iniciativa, la idea es que una vez expropiadas las maquinarias, el Estado nacional conceda a la cooperativa de trabajadores la explotación del frigorífico. “Hubo proyectos similares de otros frigoríficos del país que han prosperado, y el Gobierno nacional se ha jugado y ha dispuesto recursos para reflotar esas fuentes de trabajo. Hay muchas experiencias, porque la Dirección Nacional de Fábricas Recuperadas apoya estos emprendimientos cooperativos”.

EN NÚMEROS. De acuerdo a los distintos informes presentados al Gobierno nacional, tanto del frigorífico como de la situación económica y social de Santa Elena, se destaca que de los 16.500 habitantes que posee la localidad, el 50 % emigró en busca de nuevas fuentes de trabajo y de los residentes un 80 % está desocupado. El frigorífico, llegó a emplear a 1.200 trabajadores.

Desde el cierre de esa planta industrial, el Estado nacional mensualmente aporta 375.000 pesos en 2.500 planes Jefas y Jefes de Hogar, 1.600 planes alimentarios a través de la tarjeta Sidecreer y a través del Banco Nación (acreedor mayoritario) se aportan otros 30.000 pesos para custodiar el inmueble, que está paralizado desde hace más de 10 años.

Tras su aprobación en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de ley de expropiación de las maquinarias del ex Frigorífico Santa Elena, hoy en manos del empresario Sergio Taselli, aún debe transitar las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda, para luego lograr su tratamiento Por eso, la noticia no conformó a los miembros de la Cooperativa de Trabajadores que temen que la ley no pueda ser aprobada antes de fin de año. Los integrantes de la Cooperativa de Trabajadores del ex Frigorífico Santa Elena solicitaron el pasado martes una audiencia con el gobernador, Jorge Busti, para plantearle su preocupación por la demora en el tratamiento de la ley de expropiación.

Según explicó a APF el síndico de la cooperativa, Luciano Espinoza, el pedido de audiencia al mandatario se debe a que “él hizo la firme promesa que la ley se iba a aprobar en corto plazo”. Por eso, pese a la buena noticia sobre su aprobación en la Comisión de Legislación General, se insistirá con la reunión para intentar acelerar los tiempos.