E
sta determinación surgió luego de diversos requerimientos elevados al liquidador del organismo, Alberto De Torres.
A más de 200 días de vencido el plazo máximo con que contaba el Estado para pagar, no resultan claras las razones por las cuales aún no se ha saldado esta deuda. “Cabe preguntarse si esta omisión estaría originada en una persecución y discriminación política hacia el personal que se desempeñó en el organismo disuelto”, se interrogaron los legisladores de la concertación. Ante ello, la denuncia se presenta para que el Ministerio Público Fiscal determine la presunta existencia de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Pese a que el 21 de julio la Fiscal de Estado Claudia Mizawak informó públicamente que “el Gobernador y la Fiscalía han dado intervención a la Dirección de Presupuesto para que en forma preferente se dé cumplimiento a la legislación vigente poniendo a disposición de los ex agentes de la FIA el dinero de las indemnizaciones que estipula en su artículo 4º la ley 9539”, la deuda sigue sin cancelarse.
El 3 de agosto el titular del Poder Ejecutivo dispuso a través del Decreto 3418 la modificación presupuestaria para hacer frente al pago de indemnizaciones, intereses y vacaciones no gozadas que le corresponden a los ex agentes de la FIA. Sin embargo, hasta el momento los funcionarios de las áreas encargadas de hacer cumplir el Decreto –la Tesorería General, la Contaduría y el liquidador de la ex FIA—siguen sin hacer efectiva la indemnización. “Excepto que la decisión final sea la de no cumplir con la ley 9539, no parecen existir razones válidas para dilatar el mismo”, plantearon los diputados del NEE.
Previo a esta instancia, los legisladores de la concertación realizaron diversas tratativas para establecer las razones por las cuales se demoraba el cumplimiento del artículo 4º de la ley. En este marco, los diputados enviaron requerimientos al abogado de Torres, liquidador de la FIA, en cuyas respuestas –que coinciden con el contenido de los informes mensuales elevados a la Legislatura—manifiesta su inquietud en saldar la deuda; “sin embargo, siempre existen maniobras dilatorias que impiden formalizar el pago”, observaron.
En un primer momento señaló el liquidador que las gestiones realizadas ante la Comisión de hacienda, presupuesto y Cuentas del Senado para que realizaran la previsión presupuestaria habían resultado infructuosas. En un segundo informe, finalizadas las acciones de amparo iniciadas por los ex trabajadores, destacó que –previo a pagar las indemnizaciones—debía conocer la situación de revista de cada uno de los ex agentes.
