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1.- Se depuró el padrón de beneficiarias dando la baja a casi 700 a quienes se les continuaba liquidando sus prestaciones pese a que han fallecido en los años 2002 al 2004.

2.- Se está normalizando el pago de “los haberes dejados de percibir” por las beneficiaras fallecidas en los últimos 3 años, abonándose a sus herederos los sueldos que no lograron percibir al momento del fallecimiento, destrabando con ello más de 500 expedientes que contenían estos reclamos.

3.- Se está dando cumplimiento a las últimas sentencias que habían ordenado altas de beneficios y pago de los mismos, logrando con ello el cumplimiento de los numerosos fallos que se encontraron sin cumplir y que fueran notificadas en la gestión anterior.

4.- Se normalizó el pago de las prestaciones de los beneficios del sistema con la eliminación del descuento del veinte por ciento (20%) de los haberes que se había prorrogado en forma casi indefinida para aquellas beneficiarias que ya han cumplido más de diez años desde su afiliación al sistema. Con esta medida, que ha significado un incremento en los beneficios en forma directa, se ha logrado la normalización de las prestaciones.

5.- Se ha diseñado un cronograma de “altas” que comienza en este mes de agosto con las nacidas hasta el año 1993, que permitirá finalmente otorgar la totalidad de los beneficios (en un plazo no mayor a once meses) a quienes ya han cumplido los requisitos, aunque no hayan promovido acciones judiciales, con lo cual se las coloca en un plano de justicia.

Con estas medidas ya instrumentadas se ha demostrado el sostenimiento del régimen y el cumplimiento estricto de la legislación, situación que se consideró una prioridad, por lo que se ha pretendido evitar la reincorporación excepcional de un número indeterminado (se estimaba superior a 2000) de ex afiliadas que, por distintas razones, dejaron de aportar y perdieron su condición”, se destacó desde el organismo en relación al proyecto de ley que fue rechazado por la Legislatura.

Según se hizo notar, “de haberles permitido su reincorporación masiva sin discriminación, se podría haber generado un número importante de nuevas “jubilables” a quienes se hubiera colocado en un plano de igualdad frente a aquellas que, con gran esfuerzo, mantuvieron su afiliación con los aportes. Sumado a ello, se planteaba como hipótesis que desafiliadas con mayor posibilidad económica abonaran en muy pocos pagos los cupones faltantes”.

Sobre esto agregó que, “teniendo en cuenta que el proyecto las colocaba en situación de aportar sólo los años que les exigía su inicial afiliación, con la integración de estos cupones faltantes hubieran estado en condición de ser jubiladas en forma inmediata, postergando nuevamente a quienes ya cumplieron con los requisitos y que aún no se les ha otorgado el beneficio”.

Por otro lado, se destacó que “el debate sobre alternativas para reformas al régimen ha sido siempre sostenido por las autoridades de la Caja y el Poder Ejecutivo, pero contando con un escenario técnico y estudios que permitan tener a la vista la población que se vería involucrada frente a cualquier modificación. No sancionar una legislación que, sin ningún estudio de respaldo y, por lo tanto, con un efecto imprevisible, pudiera comprometer sobre todo a las gestiones futuras o intentara una reparación que podría generar nuevas distorsiones al sistema. Por último, se hace notar que “la actual legislación tiene prevista la reafiliación, situación que no se ha generado por la realidad propia del sistema y de nuestras amas de casa entrerrianas”.