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ediante un escrito dirigido al presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Eduardo Jodor, el primer mandatario pidió que se designen conjueces para la integración definitiva del Tribunal que juzgará el accionar de los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, Miguel Angel Retamoso, y en lo Correccional Nº 2 de Paraná, Daniel Malatesta, respecto de la decisión de ambos de otorgar el beneficio de salidas socio - familiares al principal involucrado en la desaparición de Fernanda Aguirre, Miguel Angel Lencina.

A los fines de evitar “cualquier adjetivación errónea” respecto de la razón invocada para la formulación de la recusación y la solicitud de inhibición, el gobernador aclaró que “la causal es de carácter objetivo” y que “de ningún modo debe interpretarse como un menoscabo a la integridad moral de las personas de los señores vocales del STJ en su augusta función de impartir justicia”.

Aseguró luego que “es necesario tener la certeza de una imparcialidad institucional que evite que pueda concretarse la sospecha sobre la parcialidad de los jurados que intervienen en este caso concreto”.

Como la Constitución Provincial establece que el Jurado esté integrado por tres miembros del STJ, dos legisladores y dos abogados matriculados en la provincia, el primer mandatario solicitó la exclusión de Salduna, Carlomagono y Ardoy por entender que se manifestaron extrajudicialmente sobre la causa, y la excusación de otros miembros del Alto Cuerpo por idénticos motivos, ya que acordaron una declaración pública en la que “al haberse pronunciado por anticipado, ya han definido su postura respecto del caso”, puntualizó el gobernador.

Es en este marco, entendió que esta situación “provoca el temor de imparcialidad en los jurados que deben intervenir en el caso, pues su situación personal respecto del caso concreto, puede instalar en ellos, con o sin su concurso voluntario, prejuicios que de otra manera no existirían”.

No obstante, dejó sentado que “la sospecha y no la seguridad de que ello puede suceder conforme la situación especial en que se encuentran los jurados frente al caso, y que lo han hecho públicamente, es lo que funda el pedido de apartamiento y excusación”.

Antes de detallar las razones por las cuales plantea sus dudas respecto a la imparcialidad de los jurados integrantes del STJ, el titular del Ejecutivo aclara que uno de los motivos por los cuales pueden ser recusados o inhibidos –de acuerdo a la Ley 9.283 – “es el de haber dado consejo o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre la causa que motiva el enjuiciamiento”.

Y es por este motivo que el gobernador recordó que el 3 de agosto de 2004 el STJ, en acuerdo general, emitió una “Declaración sobre la situación actual del Poder Judicial” que “tuvo trascendencia en los medios masivos de comunicación social” y que “contiene fuertes conceptos y consideraciones disvaliosas que analizados en su integridad motivaron esta presentación”.

Tras deducir de esa declaración hecha pública que “es convencimiento de los miembros del STJ que existe por parte del Poder Ejecutivo una campaña dirigida a esmerilar a otro de los poderes del Estado”, el gobernador no sólo lo desmintió al sostener que una actitud de estas características “va contra mi convicción ciudadana y los principios republicanos y democráticos que a lo largo de los años he sabido respetar”, sino que afirmó que los vocales “están realizando una lectura equivocada de la realidad”.

En el escrito, Busti incluye párrafos textuales de ese acuerdo plenario, que le fue comunicado por oficio, donde los integrantes del Alto Cuerpo expresan que “es necesario evitar la difusión de opiniones condenatorias respecto de ciudadanos o de la actividad de los jueces que no responden al resultado de una seria y profunda investigación que acredite la responsabilidad del sindicado luego de ser sometido al debido proceso legal, conforme la Constitución”.

De estos términos transcriptos “puede interpretarse sin mayor esfuerzo cuál es la opinión de los vocales del STJ respecto de la postura firme y sostenida que tuvo y tiene este Poder Ejecutivo respecto del aún irresuelto caso del secuestro extorsivo de Fernanda Aguirre”, sostuvo el gobernador.

En este sentido, subrayó que como primer mandatario provincial, “he sentido la obligación moral y legal de agotar todas y cada una de las instancias de responsabilidades que pudieran caber del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, respecto de la concesión de salidas transitorias a Miguel Angel Lencina”.

Por ello, el gobernador, en ejercicio de sus derechos constitucionales y legales, formuló una acusación contra dos jueces que, a su criterio, no han tenido la idoneidad suficiente o han aplicado erróneamente la ley, para que sea el Jurado de Enjuiciamiento quien determine las responsabilidades correspondientes.