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El artículo primero de la resolución señala: "Recomendar a los integrantes del Ministerio Público Fiscal y a las fuerzas de seguridad que actúan bajo su dirección, que la información que puedan brindar a los medios de prensa respecto del avance de las investigaciones vinculadas con secuestros extorsivos, no debe poner de ningún modo en peligro la vida de las personas involucradas en el caso, o el éxito de la investigación en trámite".

En el segundo punto resolutivo, el procurador indica que en los casos en que "resulta imperioso brindar información básica" sobre un secuestro, los fiscales "podrán contar con el asesoramiento de la Oficina de Prensa de la Procuración" para emitir un comunicado.

En el tercer y último artículo, el procurador Righi ordenó que la Oficina de Prensa de la Procuración y la Fiscalía Móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos, a cargo del fiscal federal Alberto Gentili, organicen una reunión de trabajo con los medios de comunicación con el fin de fijar una "estrategia comunicacional" para la cobertura de los secuestros.

En los considerandos de la resolución, Righi sostiene que ante "el impacto social que provoca el desarrollo de este tipo de investigaciones, resulta necesario equilibrar el derecho a la información de las víctimas y la población en general, con la obligación de preservar la vida y la integridad de las personas involucradas en este tipo de casos, así como también el desarrollo exitoso de la investigación judicial".

Además, sostiene que su recomendación no intenta perjudicar la libertad de prensa sino que "los medios de comunicación no interfieran con la intensa labor investigativa" que requieren los secuestros extorsivos.

Varios jefes de la policía bonaerense admitieron a Télam que ellos también tienen prohibido por orden del Ministerio de Seguridad hablar con la prensa sobre secuestros, por más que ya estén esclarecidos.

Los investigadores policiales de este tipo de casos aseguran que una cobertura 24 horas frente a la casa de una víctima de secuestro les complica su trabajo, ya que deben pasar desapercibidos para que los secuestradores no adviertan que está interviniendo la policía o porque la familia debe burlar a la guardia periodística cuando sale a hacer el pago del rescate.

El tratamiento mediático de los secuestros extorsivos motivó el mes pasado una serie de reuniones entre el gobernador bonaerense Felipe Solá y los gerentes de noticias de los principales canales de televisión y radios, en donde el mandatario les exigió prudencia en la cobertura de estos casos.

"Pensamos que la forma de intervenir de los medios puede ser corregida en beneficio de aquél que le toque estar en una situación comprometida por un caso de secuestro", dijo Solá en aquella oportunidad.

"Es difícil generar una norma" opinó Solá, aunque aseguró que se iba a "buscar una forma de movermos de manera tal que los medios puedan satisfacer la necesidad de información, pero que a su vez permita preservar la vida del secuestrado, la marcha de la negociación y la integridad de los familiares".

La advertencia sobre la cobertura de los medios en los secuestros extorsivos la había hecho el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián el pasado 4 de agosto cuando se reunió con el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón.

En esa oportunidad el funcionario colombiano afirmó estar "aterrado" por la forma en que los medios cubren la información de secuestros extorsivos ya que "dificultan la labor de la policía, tiene un efecto réplica, generan preocupación, entregan información a los delincuentes sobre la familia y así elevan el valor de la víctima".

Arslanian coincidió en esta lectura del papel que cumplen los medios en un secuestros al afirmar que parte del problema de los secuestros "es una difusión exagerada, no porque no tengan gravedad sino porque producen un efecto irritativo, elevan el status y generan alarma social e histeria colectiva".

El ministro de Seguridad pidió a los medios en esa oportunidad "autoregularse" en la cobertura de los secuestros.