Martes 07 de septiembre de 2004
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Política
Diputados radicales pidieron informes sobre Iaps y Laer
Diputados del Bloque de la Unión Cívica Radical presentaron dos pedidos de informe en relación a la situación en que se encuentran los trabajadores de Líneas Aéreas de Entre Ríos y a las acusaciones cruzadas entre la fiscal de Estado, Claudia Miza...

C

on respecto a la primera iniciativa, que lleva las firmas de los diputados Fabián Rogel, Arturo Vera y Héctor Monzón, se solicita al Poder Ejecutivo que informe si ha establecido el régimen de ingreso e inserción a la administración central del personal de LAER, tal como se estableció en la ley 9575 y pidió un listado de los trabajadores que ya están reincorporados, lugar de trabajo o repartición pública en la que fueron designados, detalla un comunicado enviado a Informe Digital.

En el mismo sentido, los legisladores radicales preguntaron "si el Ejecutivo cumplió con el pago de las remuneraciones posteriores al mes de junio de este año de los empleados de LAER y si se tiene previsto remitir algún proyecto de modificación de la ley 9575". IAPS

En el segundo pedido de informe, que está firmado por los diputados Fabián Rogel, Arturo Vera, Rubén Villaverde y Horacio Giorgio, se requirió saber "si existe algún tipo de denuncia o presentación por parte del titular del IAPS, contador Zapata, respecto a las presiones que dice haber recibido de la fiscal de Estado, doctora Mizawak, para que determinados abogados se hagan cargo de los juicio que lleva adelante ese instituto".

También, si se inició "algún tipo de actuación a los efectos de investigar la veracidad de esas declaraciones que trascendieron por diversos medios periodísticos y que involucrarían a la fiscal de Estado en la difusión de información errónea para lograr la derivación de los pleitos del instituto referido a abogados que estarían vinculados a esa funcionaria".

En otro punto, se reclamó si se tomó algún tipo de medida respecto a los hechos denunciados públicamente por el presidente del IAPS con respecto a un supuesto informe de la Secretaría Legal y Técnica, "totalmente orientado para dejar una duda y a la existencia de intereses que pretenden presionar para que determinados abogados usufructúen la máquina de hacer juicio al Estado". En ese caso, los diputados exigieron que se informe quiénes estarían involucrados en las maniobras denunciadas.

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