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egún publica APF en el expediente del caso, el 12 de julio pasado el titular del Instituto del Seguro Rubén Zapata había requerido por nota la intervención de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación para dirimir las opiniones disidentes de los letrados del IAPS sobre la conveniencia o no de realizar o no un acuerdo extrajudicial por valor de 130 mil pesos en la causa “Reynoso”.La misiva estaba dirigida al Secretario Legal y Técnico, José Gervasio Laporte, a quien le solicitan intervención “ante la disparidad de criterios observados entre los letrados que prestan servicios en la Asesoría Letrada del Instituto Autárquico Provincial del Seguro sobre la conveniencia o no de celebrar un acuerdo que a priori aparece como sumamente conveniente a los intereses” de la entidad estatal “en caso de prever sentencia desfavorable”.
Uno de los abogados que fueron obligados a renunciar, Martín Navarro, aseveró que “si uno calcula el monto de la sentencia de 1997, que debía actualizarse, daba una deuda para el Instituto de alrededor de 450 mil pesos”, y sobre esto argumentó que “se ha dicho que los 130 mil pesos eran una cifra exorbitante, cuando en realidad es que, a raíz de la controversia, el acuerdo se dejó sin efecto y, dentro de algunos meses, se va a pagar tres o cuatro veces más de lo que se había convenido en un principio porque la sentencia va a ser condenatoria para el Instituto”.
A Laporte le llegaron 84 fojas de antecedentes remitidas por el IAPS sobre la cuestión, y el 30 de agosto pasado determinó que “el acuerdo no resulta favorable”.