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Los diputados del bloque del Nuevo Espacio Entrerriano (NEE) trabajan en un proyecto de ley destinado a reglamentar las respuestas a los pedidos de informe que se elevan al Poder Ejecutivo desde la Legislatura, habida cuenta de la tardanza que se registra en recibir las contestaciones o, incluso, de la falta de respuesta, en muchas ocasiones.

Los legisladores de la concertación plantearon que la carencia de una norma que regule la obligación del Ejecutivo establecida en el artículo 77 de la Constitución Provincial, “conspira y limita el efectivo accionar de la Legislatura. Es indudable, entonces, la necesidad de contar con una disposición clara y precisa que dé el marco legal adecuado a esa obligación constitucional del Poder Ejecutivo y que permita, ante su inobservancia, la aplicación de las medidas correctivas del caso, administrativas o judiciales”.

La bancada informó que de los 119 pedidos de informes elevados por las diferentes bancadas durante la presente gestión al Poder Ejecutivo, solamente cinco de ellos recibieron la contestación correspondiente.

Un informe de APF revela el incumplimiento por parte del Ejecutivo de la norma constitucional. Consigna que los tres bloques opositores de la Cámara de Diputados, la UCR, el NEE y La Red, presentaron 119 pedidos de informes a diferentes áreas del Gobierno, pero sólo fueron respondidos cinco.

El diputado Oscar Grilli (NEE) afirmó que su fuerza elevó “60 pedidos”, de los cuales sólo dos fueron respondidos, por lo que “se está evaluando la posibilidad de ir a la Justicia”. Por su parte, el diputado Osvaldo Fernández (UCR), manifestó que “hay una voluntad expresa por parte del Ejecutivo de no querer brindar información”; en tanto que, la diputada Lucy Grimalt (La Red) expresó que algunos funcionarios creen que “no tienen que darle explicaciones a nadie”.

El diputado Grilli precisó que el Nuevo Espacio Entrerriano presentó pedidos de informes dirigidos al área de Salud, Seguridad, Educación y Vialidad, entre otras. “También hemos pedido información sobre Edeersa y el Bersa”, es decir, “prácticamente en todo el espectro del Poder Ejecutivo”. Además se han requerido datos al Gobierno sobre el dinero gastado en las dos campañas mediáticas que se implementaron contra Agmer, y últimamente sobre qué fue lo que realmente sucedió en el “presunto atentado” al Gobernador en la última campaña proselitista.

El diputado Osvaldo Fernández (UCR), confirmó que el bloque presentó 52 pedidos de informe y que sólo “nos contestaron en dos oportunidades”, por lo que concluyó que son “muy pocos los casos en los que hemos obtenido algún tipo de contestación”.

Para el legislador, “hay una voluntad expresa de no querer brindar información, en primer lugar a la oposición, pero en definitiva a la sociedad, porque detrás de cada pedido de informe que presenta un legislador o un grupo de legisladores hay un tema concreto que interesa a algún sector”. Por su parte, la diputada Lucy Grimalt (La Red) afirmó a APF que ha presentado siete pedidos de informe al Poder Ejecutivo, de los cuales “sólo me respondieron uno”.

La única respuesta fue de la ministra de Salud y Acción Social, Graciela Degani, quien contestó acerca de una información solicitada con respecto a la “cantidad de casos de Hepatitis registrados, y cuáles eran las medidas que pensaba tomar”.

Al ser consultada sobre cuál cree que son las razones por las que el Gobierno no responde, Grimalt sostuvo que “no tiene la práctica incorporada y los funcionarios no son concientes de que ellos son servidores de la ciudadanía, y que cuando desde la Cámara de Diputados, los legisladores, que somos representantes del pueblo, pedimos determinada información, en definitiva la que se la está requiriendo es toda la ciudadanía”.

La iniciativa de los legisladores del NEE, que se sirve del antecedente de un proyecto existente en el Congreso de la Nación, pretende que todo pedido de informes indique el plazo o término para la respuesta, el que será de cumplimiento obligatorio. Si no se establece expresamente un término, el plazo máximo para producir los informes será de 20 días hábiles administrativos computados desde el momento de su recepción.

Antes del vencimiento del término o del plazo, para producir el informe, el Poder Ejecutivo podrá solicitar su ampliación, proponiendo concretamente la nueva fecha en que se cumplirá; fundamentando el pedido, por el tiempo razonable que fuere necesario. La iniciativa prevé que en ningún caso la ampliación solicitada volverá extemporáneo el pedido de informes.

Por otra parte, dispone que la Cámara de origen del pedido de informe llevará un registro de los plazos o términos acordados para las respuestas a los pedidos de informes, de su eventual ampliación, del incumplimiento de los mismos y de las respuestas recibidas.

Además, estipula que el funcionario público o agente a cargo directo del procedimiento o diligencia y el superior jerárquico obligados a su dirección, fiscalización o cumplimiento, que en forma arbitraria e injustificada, obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de lo establecido en esta ley, será considerado incurso en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle civil o penalmente.