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ero lo cierto es que todo indica que esta semana el tema volverá a ser objeto de discusión y en eso ayuda la evidente demostración del oficialismo que quiere dejar en claro que algo se está moviendo. A las redacciones de los medios de comunicación han llegado todo tipo de comunicados de prensa prometiendo que esta vez sí, el asunto comienza a ser debatido. Legisladores oficialistas y el propio Poder Ejecutivo provincial salieron a decir que las distintas reparticiones de Gobierno comenzarán a enviar a la Comisión de Producción y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados los dictámenes y apreciaciones sobre el proyecto de Régimen Jurídico Básico.

Seguramente en la intencionalidad del Gobierno estuvo que la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) vea algún resultado antes de que tenga que decidir cómo continúa su plan de lucha, que ya ha producido dos paros con altísimo nivel de adhesión como respuesta a lo que consideraron una inexplicable demora en el tratamiento de los proyectos de Régimen Jurídico Básico.

Como sea, desde Agmer se consideró el gesto como positivo y –en todo caso– como el resultado de haber endurecido su posición. “Hemos obligado a que los tiempos se aceleren y que se produzcan estos informes y así comiencen esta semana que se inicia las reuniones”, evaluó la secretaria general, Marta Madoz, desde la sede gremial de calle Rivadavia, cuando este medio pidió una opinión sobre el anuncio oficial de comenzar la discusión.

El punto de partida de la discusión son los dos proyectos del Régimen Jurídico del Empleo Público, uno de ellos elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y que el Poder Ejecutivo hizo propio para presentarlo en la Legislatura con la firma del presidente del bloque de diputados justicialistas, Emilio Castrillón. El otro proyecto corresponde al diputado justicialista y dirigente del gremio Unión Personal Civil de la Nación (Upcn), José Allende, pero también lleva la firma de aval del diputado Castrillón. Este detalle no pasó inadvertido a los ojos de legisladores y gremialistas, al punto que el legislador oriundo de La Paz ensayó una repuesta que generó algunas sonrisas: “Yo no tengo preconceptos y puedo firmar todo”.

Representatividad: la primera discusión

Además de la firma de Castrillón, ambos proyectos coinciden en no pocos puntos, pero está claro que dentro de la numerosa cantidad de artículos hay diferencias sustanciales, especialmente en lo que se refiere a la representatividad de los trabajadores del Estado que, más que una contradicción en la letra escrita, origina una fuerte discusión entre quienes propician cada uno de los proyectos.

El proyecto de Allende reclama que el gremio que conduce, Upcn, tenga la misma representatividad que ATE en la mesa de las convenciones colectivas de trabajo, figura que el Régimen Jurídico prevé instrumentar a fin de que regule la relación de los empleados y el empleador, es decir el Estado.

Por otra parte, el proyecto de ATE –al que adhiere en todos sus términos Agmer– prevé que la representatividad de los trabajadores quede en manos de los sindicatos con personería gremial, sin participación de aquellas entidades que aun estando inscriptas en el Ministerio de Trabajo carecen de tal instrumento. Ocurre que para el caso de los trabajadores estatales habría dos sindicatos en tales condiciones (ATE y Upcn), pero quienes propician este proyecto sostienen que la representatividad debe contemplar espacios para la mayoría y para la minoría, con lo cual el gremio que conduce Allende –al tener poco más que la mitad de los afiliados del gremio conducido por Edgardo Massarotti– tendría menos poder de incidencia en la mesa de negociación. Como este proyecto incluye a los docentes, para el caso la representatividad queda en manos de Agmer cada vez que haya una discusión que involucre a la educación en los niveles primarios, preprimarios de las escuelas públicas y privadas e, incluso, en el caso de la Uader.

Fin de semana de lecturas y pulidas

El proyecto de ATE/Agmer ha transitado durante este fin de semana entre las manos de algunos abogados laboralistas (todos con alguna identificación política) para que hagan una lectura jurídica del texto.

“Se lo hemos entregado a juristas expertos para que opinen, en especial a aquéllos que han sido defensores de los trabajadores frente a leyes como la 8.706 y 9.235”, explicaron desde ATE para indicar que contaron con las observaciones de los abogados Marciano Martínez, Raúl Barrandeguy y el ex senador nacional Luis Brasesco.

Las primeras críticas que surgieron tienen que ver con una cuestión de organicidad de los capítulos y de nomenclaturas y sus definiciones. Así lo observaron algunos laboralistas consultados en las reuniones, de las que participaron también gremialistas y legisladores del Nuevo Espacio. Con ese diagnóstico, se esperaba que el proyecto comience a ser pulido antes de que sea tratado en recinto.

Uno de los aspectos más debatidos y que promete una larga discusión tiene que ver con la estabilidad del empleado público, que para los gremialistas debe ser “total” como lo prevé la Constitución provincial. En ese sentido, el proyecto de Allende deja muchas dudas en su artículo 55º. “En caso de que se dispusiera por ley la supresión de cargos de la planta permanente, el personal con estabilidad afectado quedará en situación de disponibilidad”, dice. “El período de disponibilidad se asignará según la antigüedad del trabajador, no pudiendo ser menor a seis meses ni mayor a doce meses, garantizándose a los agentes afectados la reubicación, o en el caso que el trabajador rehusare el ofrecimiento de ocupar un cargo o no existieran vacantes se producirá la baja, generándose el derecho a percibir una indemnización igual a la establecida en la Ley de Contrato de Trabajo para el caso de despido sin causa, salvo mejor derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo...”

Desde Agmer se dijo que esto puede ser un buen atajo para que los gobiernos continúen con el poder de despidos (agregamos: poder del que han hecho uso los tres gobernadores durante la democracia, sea por leyes o decretos).

La primera reacción que hubo desde los gremios es que si desaparece un área del Estado, que para ambos proyectos es causal del pase de personal a disponibilidad, esa repartición no vuelva a crearse más. En otras palabras, que las disoluciones de organismos o áreas estatales sean para siempre, a fin de evitar el poder discrecional de las autoridades de gobierno en materia de movimiento de personal o supresión de cargos.

Los dos proyectos coinciden en que “los organismos o dependencias suprimidos y/o los cargos o funciones eliminados no podrán ser creados nuevamente, ni con la misma asignación ni con otra distinta por un plazo de dos años contados a partir de la fecha de supresión”. Al respecto, y como se dijo, para los gremios estatales en la discusión que se da por estos días la veda para restituir los cargos debe ser total: organismo que desaparece ya no podrá crearse más.

Seguramente este punto deberá contemplar una mirada no sólo desde lo gremial, sino también desde lo político institucional y quizás desde lo jurídico. ¿Puede tomarse una medida de gobierno ad eternum sin chance ser revisada en el futuro? Esto haría, por ejemplo, que si la Fiscalía de Investigaciones Administrativas hubiese desaparecido, imperando el régimen propuesto no hubiese sido posible pensar en volverla a la vida, aunque el ejemplo moleste a muchos. Lo mismo para Laer, o para Canal 9 estatal, que fue el ejemplo que se dio en la charla de los gremialistas y legisladores de la oposición con los juristas.

Nomenclaturas y criterios

Quienes propician uno de los proyectos se animaron a opinar sobre la restante iniciativa. “El otro proyecto no tiene una organización política y se avanza sobre un nomenclador que en sí, debido a que hay tanta desorganización dentro del Estado, conviene trabajarlo dentro de la comisión paritaria”, dijeron desde Agmer cuando se les pidió una visión del proyecto de Allende.

Es cierto que el proyecto de referencia introduce todo un universo de palabras. Se habla por ejemplo de Agrupamientos. “El personal comprendido en el ámbito del presente escalafón revistará, de acuerdo con la naturaleza de las funciones que le hubieren sido asignadas, en algunos de los siguientes agrupamientos: conducción, profesional, administrativo y técnico y servicios auxiliares”. Se trata no sólo de denominaciones sino de un entramado de características cualitativas de los trabajadores del Estado.

Nombres al margen, entre los argumentos de más peso que se esgrimen al momento de hablar de la necesidad de regular el empleo público, además de reducir la discrecionalidad de los gobernantes para tomar y despedir empleados, está la de hacer de la labor del agente de la administración pública una verdadera carrera de ascenso.

Veamos qué dicen los proyectos al respecto, y en esto también hay una coincidencia textual: “Son requisitos para ingresar a la administración pública provincial: a) ser argentino nativo, por opción o naturalizado; b) tener 18 años de edad como mínimo, no pudiendo exceder de la edad máxima que etablezca la reglamentación; c) tener domicilio real en la provincia de Entre Ríos; d) poseer aptitud física y mental para desempeñar el cargo, acreditada mediante certificado médico expedido por el órgano administrativo competente, sin perjuicio de lo establecido por el Decreto Ley Nº 6.866, ratificado por Ley Nº 7.504; e) idoneidad para la función o cargo, debiendo reunir los requisitos específicos establecidos en la convocatoria del concurso; f) resultar seleccionado en el concurso respectivo”, dice el proyecto propiciado desde Upcn.

Mientras tanto, en el texto de ATE/Agmer se establece que “el ingreso se hará previa acreditación de las siguientes condiciones y en la forma que determine la reglamentación: a) idoneidad para la función o cargo mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública. El Convenio Colectivo de Trabajo deberá prever los mecanismos de participación y de control de la asociación sindical en el cumplimiento de los criterios de selección y evaluación a fin de garantizar la efectiva igualdad de oportunidades; b) aptitud psico-física para la función o cargo, debiendo someterse a los exámenes previos que determine la reglamentación. En el caso de aspirantes discapacitados, deberá reunir las condiciones de idoneidad de acuerdo a las funciones a desempeñar; c) buena conducta; d) ser argentino...” y ahí continúa con las cuestiones formales coincidentes con el otro proyecto.

Lo transcripto permite establecer la diferencia de criterio que existe entre un texto y otro, porque mientras en el proyecto Upcn se busca regular de primera algunos puntos sensibles la labor pública, en el proyecto de ATE/Agmer se sostiene que –precisamente por la importancia de algunos puntos– es necesario ser discutido ya con la mesa paritaria en funcionamiento.

El tema de la semana

Desde los gremios estatales consideran que este martes podrían ya estar reunidos con los integrantes de la Comisión Producción y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Legislación General. Precisamente, la semana anterior se cerró con un encuentro en el que participaron el gobernador Jorge Busti, los ministros de Gobierno y Economía, el asesor legal de la Gobernación y representantes de la Fiscalía de Estado, donde se avaló la necesidad de que se acorten los tiempos y comiencen a tejerse finalmente las normas que regulen la vida laboral de los empleados públicos y del Estado en relación con ellos.

La medida oficial se puede tomar como la respuesta al pedido de los docentes nucleados en Agmer que reclamaron mayor celeridad en el dictamen de los equipos técnicos del Ejecutivo. En definitiva, la discusión sobre el proyecto de ley del Régimen Jurídico del Empleo Público será uno de los temas destacados de las agendas de legisladores, gremialistas, funcionarios y periodistas.

Gentileza del periodista Jorge Riani (Editor responsable del sitio Cronista Digital)