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Los casos se repiten. Por eso hay estudios de abogados contratos especialmente por las empresas para frenar el cobro indiscriminado de tasas. Muchos casos llegaron hasta la Corte.

La Fundación Mediterránea mostró que en 2003, a pesar de la expansión de la economía y el aumento de los recursos, la presión impositiva de las comunas aumentó. "En el comportamiento de los municipios se observa que fueron detrás de la mayor rentabilidad que la devaluación generó para determinados sectores, como el de actividades primarias", dijo Nadin Argañaraz, economista titular del Ieral.

Entre las conclusiones, se observó que la tasa de seguridad e higiene funciona como un verdadero impuesto y no como una tasa retributiva de servicios. "¿Qué cabe esperar para cuando las cosas no marchen bien?", se preguntó Argañaraz en el informe al que accedió Informe Digital y que se pueden constatar en el sitio disponible en Internet de Ieral (www.cargafiscal.com.ar) menciona 17 municipios entre los que se destaca Gualeguaychú.

Germán Gianotti es gerente de impuestos en la consultora Deloitte y conoce de cerca cuáles son los problemas, en materia de carga fiscal, que acechan a las empresas. Las ciudades cordobesas de Río Cuarto, Villa María y san Francisco y la propia capital provincial, junto a las entrerriana Gualeguaychú son, a su juicio, algunas donde la aplicación de tasas, impuestos o contribuciones se rige por la "ley del viva la pepa".

Integrantes de la comisión de derecho tributario y aduanero del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (Cacba), se expresaron en la misma sintonía. "Las tasas municipales han degenerado en impuestos; en procura de expandir su base impositiva, los municipios se volvieron muy agresivos y cobran tasas que son análogas a los que son materia de la coparticipación", dijeron.

Por eso, Cacba presentó al Senado de la Nación una propuesta para modificar la coparticipación con el objetivo de precisar el ámbito de aplicación del poder tributario municipal. Creen vital que se asegure "que la tributación recaiga sobre personas, bienes y actividades que posean suficientes y razonables puntos de conexión con la jurisdicción". Pero con la discusión por la coparticipación congelada, las perspectivas no parecen buenas.