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El Consejo General de Educación (CGE) dio una primera señal en procura de reordenar su planta de personal, en lo que hace ya no a la complicadísima grilla docente (que suman 35 mil), sino a las designaciones políticas que hubo en los últimos meses bajo dos figuras recurrentes: las afectaciones y las adscripciones.

A todas las áreas de Educación llegó una circular firmada por la secretaria general del CGE, Raquel Benítez, que dispone un “reordenamiento organizativo y administrativo”, y para eso se pide “en un plazo de 48 horas” un detallado informe con la “nómina de afectaciones de cargos y horas cátedra de las escuelas y colegios que tengan bajo su dependencia, y destino de la afectación”. También se requieren precisiones respecto de la “nómina de adscripciones” (afectaciones a instituciones o reparticiones que no dependen de Educación).

En las afectaciones, el docente sale de la escuela donde presta servicios y es reubicado en otra área del CGE; en el caso de las adscripciones, en tanto, pasa a cumplir tareas en una dependencia ajena a Educación. Pero en ambos casos, el sueldo continúa abonándose desde el CGE.

El relevamiento ahora en marcha, según contó una fuente del CGE, parte de una orden expresa de la nueva conducción del organismo, que encabeza el radical Felipe Ascúa, y está a tono con la necesidad de dar respuesta a los informes que ha producido la auditoría designada por el Gobierno, y que ha alertado respecto de la “abultada” planta de personal administrativo, a lo que se agrega un llamado de atención del Tribunal de Cuentas por la falta de rendiciones de los fondos contenidos en los programas nacionales.

Desde el CGE dijeron que no se trata de “apuntar a un área o a determinadas designaciones en particular” sino que la idea es “contar con un diagnóstico certero que nos lleve a conformar una organizacional funcional que esté acorde con las necesidades administrativas y técnicas, y en ese trabajo vamos a contar con asistencia del Ministerio de Educación de la Nación”.

Antes de asumir en su cargo, Ascúa ya había dejado trascender su voluntad de revisar las designaciones que hubo, sucesivamente, durante las gestiones de José Turriani y Lucila Haidar. Aunque ahora va más allá.

La circular que Ascúa ordenó distribuir en todas las áreas del CGE comunica, además, que “desde el 1º de septiembre se suspende el reconocimiento de horas extra y cualquier otra erogación no contemplada presupuestariamnte, hasta que se concluya el estudio de reordenamiento organizativo y administrativo”, una medida que apunta a dejar sin efecto el pago de compensaciones por función que eran distribuidos en forma caprichosa por algunos funcionarios políticos, y que fueron abonados hasta agosto último.

La conducción de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) ya había alertado respecto de la abultada nómina de “adscripciones y afectaciones” de personal docente con designaciones políticas en distintos cargos lo que, a su vez, planteaba la necesidad de cubrir los cargos dejados vacantes con un suplente. Esa práctica, incluso, llegó a complicar el funcionamiento de algunas escuelas donde se producían vacantes por enfermedad y no se contaba con la posibilidad de designar reemplazantes, agotadas ya las partidas por nombramientos políticos. En teoría, el tope impuesto por las autoridades para las suplencias es del 8 %.

En un primer momento, Agmer alertó que las adscripciones y afectaciones habían llegado a un número de 300, aunque ayer la titular del gremio, Marta Madoz, contó que sólo durante el período en que Lucila Haidar quedó momentáneamente al frente del CGE se produjeron 400 designaciones políticas. A modo de ejemplo, citó el caso del área de Planeamiento Educativo, donde el número de funcionarios pasó de 25 a 60. “Como no sabemos si son nuevas designaciones, recategorizaciones o movimientos internos, ya hemos perdido la cuenta de cuál es el número real de nombramientos de esta gestión”, dijo Madoz. GESTOS. La contracara a esos nombramientos lo constituyó la apuesta del CGE en procura de ordenar la planta docente, y poner freno a las suplencias. Para eso, dictó la resolución 1.170 que prohibió designar un suplente cuando la ausencia del maestro titular fuera por un plazo interior a los 15 días. En ese caso, debería ser el director o cualquier personal de conducción quien se haga cargo de los cursos mientras dure la licencia del docente. Desde que esa normativa se puso en práctica, en abril último, casi ningún docente pidió una licencia por enfermedad por menos de 15 días. Fuente: El Diario