E
l agitado debate que se ha generado en torno al proyecto que finalmente será tratado quedará expuesto mañana a las 11.30 en el recinto de Diputados, cuando se encuentren los legisladores, los gremios y algunos de los funcionarios que efectuaron los dictámenes.
Esos informes provienen desde la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Economía, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado. El primero de los organismos remitió su dictamen el viernes y los otros tres, aunque estarían concluidos, hasta ayer a la tarde no habían llegado a manos de los diputados.
Para la reunión de mañana, los legisladores confirmaron la presencia de José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico, quien expondrá los fundamentos de su informe. El escrito analiza artículo por artículo los dos proyectos en cuestión, el que presentó el justicialista Emilio Castrillón sobre la base de la iniciativa de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el que presentó José Allende, también con la firma de Castrillón.
La opinión que emitió Laporte menciona las competencias que la Constitución provincial otorga al Poder Ejecutivo y que podrían ser afectadas por uno de los proyectos. Se trata de la propuesta de ATE en lo que se refiere al régimen sancionatorio del empleado público, donde se otorgan amplias facultades a la convención colectiva de trabajo en desmedro –según el funcionario– de las atribuciones del gobernador.
Otra de las observaciones recae sobre la propuesta de Allende –secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)– donde establece la alternativa de que el trabajador saltee la instancia contenciosoadministrativa para sus reclamos y concurra directamente a la Justicia civil.
La extensión de los escritos hace pensar que no será mucho lo que pueda avanzarse esta semana. Por eso hay expectativa por lo que pueda decidir la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) cuando realice su congreso el viernes en Colón: la entidad reclama la aprobación del Régimen Jurídico, con un capítulo referido a las paritarias docentes, como condición para no realizar nuevas medidas de fuerza.
“Esto se va a ir puliendo hasta que haya un proyecto que garantice su aplicabilidad a futuro”, dijo ayer el diputado Enrique Cresto, presidente de la Comisión de Legislación General, una de las dos donde se encuentran en estudio las propuestas.
Juan José Bahillo, titular de la Comisión de Trabajo, indicó: “Me llevé dos impresiones de la reunión del viernes con el gobernador, donde evaluamos el tema: la ratificación de la voluntad política de avanzar en esto y la confirmación de que nos queda un largo trabajo por delante”. Cresto dijo que se trata de “una ley que tiene 20 años de espera y hoy está a un paso de salgir”, pero también abonó la tesis de que no es conveniente acelerar tiempos. Diario UNO
