S
e espera que el funcionario asista hoy al recinto de la Cámara de Diputados para explicar su dictamen ante los legisladores y los gremios, y se prevé que será una reunión donde el debate alcanzará su punto máximo. Además, otra consideración aviva la polémica: la recomendación de excluir de la norma el capítulo dedicado a las paritarias docentes.Laporte remitió el viernes su informe a las comisiones de Legislación Agraria y del Trabajo y de Legislación General. Aunque los diputados recalcaron que se trata solamente de una opinión, al igual que las del resto de las áreas consultadas, los términos en que está redactado este escrito, de 89 fojas, no pasarán desapercibidos ni para los gremialistas ni para los diputados.
El secretario de Legal y Técnica criticó ampliamente ambos proyectos, el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). En referencia a los dos señala, en repetidas ocasiones, que se invaden atribuciones constitucionales del Ejecutivo cuando se propone dar intervención a los representantes de los trabajadores en cuestiones vinculadas a las sanciones, las designaciones y los ascensos.
También en ambos casos ataca el derecho a huelga. Con respecto al proyecto de UPCN, al analizar el inciso “e” del artículo 35º, indicó: “Atento a que estos trabajadores desempeñan funciones para el cumplimiento de servicios públicos no pueden recurrir a medidas de acción directa, tales como la huelga; sí a la mediación, arbitraje y finalmente las acciones judiciales pertinentes”.
En tanto, ante el inciso “II” del artículo 23º de la propuesta de ATE, expresó: “No puede consignarse como derecho del empleado público el participar de la huelga”. Enseguida Laporte citó al especialista Miguel Marienhoff: “La huelga de los agentes públicos es siempre, sean cuales fueren la circunstancias, una falta grave. La huelga es el hecho que subordina la satisfacción de una necesidad general, a los intereses particulares de los agentes”.