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El funcionario del Poder Ejecutivo concurrió al recinto para brindar detalles del dictamen que elaborara con respecto al Régimen Jurídico Básico.

En este marco Laporte aclaró en primer lugar que la opinión expresada fue a “título personal” y en nada condiciona al Poder Ejecutivo, ya que su opinión fue solicitada por las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados a título de colaboración y no por el Poder Ejecutivo.

Con respecto a las paritarias docentes, el secretario Legal y Técnico planteó que, por una cuestión técnica legislativa es conveniente que se traten por separado, ya que los tres temas, régimen jurídico básico, escalafón y convención colectiva refieren a los empleados del escalafón general, es decir que incluso todos los convenios colectivos podrán tratarse mediante otra norma al mismo tiempo.

“El Régimen Jurídico Básico corresponde a la Administración Pública Provincial y el convenio colectivo de trabajo al que se hace referencia corresponde al sector educativo”, manifestó Laporte al tiempo que agregó: “Creo que es conveniente que se trate por separado y podrían estar incluidas las paritarias de otros sistemas laborales, como los de enfermería, médico profesional, policía, etc”.

En lo que hace al derecho de huelga, el funcionario provincial aclaró que no se desconoce el derecho a huelga, como se indicara en algunos medios. “No soy necio para desconocer el derecho a huelga, cuando está reconocida en la ley 24185 y numerosos fallos de la Corte Suprema y Tratados Internacionales ”, aseveró Laporte al tiempo que sostuvo que “un gobierno que ha mantenido siempre las puertas abiertas y ha recibido los reclamos de todos los gremios y de todos los trabajadores, no puede desde ningún punto de vista desconocer el derecho de huelga, más cuando ha dispuesto dejar sin efectos todos los sumarios iniciados contra empleados por cuestiones de índole gremial o política”.

Lo que el funcionario indica en su dictamen es que se debe tener en cuenta la opinión contraria de tratadistas de renombre que emiten una opinión al respecto. “Soy de opinión que la norma debe contener un dispositivo que indique que las partes deben acordar un mecanismo de autorregulación del conflicto y la suspensión temporaria de las medidas que originan ese conflicto”, dijo el funcionario.

Además Laporte sostuvo que sería interesante la incorporación del artículo 18 de la Ley nacional 24185 de Convenio Colectivo de Trabajo en la que sugiere que al iniciar las negociaciones las partes pueden crear mecanismos para regular el conflicto, como la suspensión de las medidas que originaron ese conflicto, la limitación de las medidas de acción directa que puedan afectar un servicio público esencial, como también notificar las guardias mínimas con antelación de cinco días a los establecimientos donde se debe garantizar la prestación de un servicio impostergable.

Laporte aportó además que a su criterio este proyecto debe considerarse dividido en tres partes: el del Régimen Jurídico Básico, el del Estatuto del Escalafón y el del Convenio Colectivo de Trabajo.

Tratamiento en conjunto

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Edgardo Masarotti, solicitó a los integrantes de las comisiones que se junten los tres dictámenes solicitados –Legal y Técnica, Economía y Hacienda y Fiscalía de Estado- para que sean remitidos a los gremios en forma conjunta y posteriormente en una comisión de trabajo sean analizados artículo por artículo para que luego entre en debate de Diputados.

El gremialista dijo además compartir las sugerencias del secretario Legal y Técnico, José Laporte, referidas al régimen disciplinario, la creación de tribunales administrativos en el Poder Judicial y dentro de la administración, y normas que aseguren la estabilidad de los trabajadores estatales, que se explicaran en la reunión de hoy.

Por su parte, el diputado Enrique Cresto propuso trabajar en los artículos de los proyectos que no tengan ningún tipo de conflicto a fin de ir elaborando el proyecto de ley final.

En tanto el diputado José Allende (PJ) recalcó que este tratamiento de ley, que “es una deuda histórica para con los trabajadores, se da en un gobierno justicialista, con mayoría justicialista” y aseguró ser parte de un proyecto compartido con el Poder Ejecutivo.

La legisladora Beatriz Montaldo (Nuevo Espacio) manifestó que “sabemos que existe un compromiso del gobernador de llevar adelante este proyecto” y agregó que “se trata de un compromiso fundamental con la sociedad y con los trabajadores”.

Finalmente el diputado José Bahillo (PJ) propuso que, en base a los dictámenes solicitados, ir definiendo un articulado para encontrar los puntos de acuerdo con el fin de ser plasmados en la ley. “Nuestro punto final es diseñar una administración pública eficaz y eficiente y el objetivo más ambicioso es lograr una administración pública que sirva a la sociedad entrerriana”, concluyó el legislador justicialista.