Lunes 20 de septiembre de 2004
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Política
Retoma impulso evitar la operatoria de “fondos buitre” en la provincia
Por un lado las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General del Senado, presididas por Carlos Orlandi (PJ- Nogoyá) y Mariano López (PJ – Colón) respectivamente, comenzaron la semana anterior –en una reunión conjunta- a estudiar u...

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e trata de fondos que, en circunstancias de anormalidad económica, desarrollan negocios que “no resultan compatibles con la finalidad de bien común prevista por la ley”. Es una idea lanzada por el gobierno entrerriano para evitar que operaciones de este tipo se lleven adelante en el proceso que apunta a reprivatizar la empresa de energía de Entre Ríos.

Se explicó que apunta a defender el interés general. Afirma el ejecutivo en los fundamentos que “el Estado provincial debe arbitrar medidas tendientes a evitar que operaciones financieras de corte netamente especulativas puedan interferir en el proceso de resuperación en la que se encuentren empresas que tienen una inserción directa con el interés público”.

Preservar la actividad económica

El texto del Ejecutivo consta de ocho artículos y uno de forma. Señala como objeto de la ley “preservar las actividades económicas y la protección del trabajo y del crédito respecto de las empresas privadas, o privadas con participación pública, titulares de concesiones o licencias otorgadas por el Estado Provincial o municipal para la prestación de servicios públicos, servicios de interés público y servicios de interés general”.

Agrega en ese mismo artículo (el primero) que todo esto es en referencia a las empresas que desarrollen su actividad “en el ámbito provincial o que tengan la sede principal de sus negocios en el territorio de la provincia, independientemente del domicilio legal establecido en sus estatutos”.

Especifica inmediatamente las circunstancias concretas en las que, en defensa del interés general, ha de operar esta legislación que se propone como protección a las empresas mencionadas. En este sentido indica que regirá “cuando sean objeto de maniobras de especulación por parte de una persona física o jurídica, fondo financiero o grupo financiero, cualquiera sea la figura jurídica utilizada para su representación, que tengan o pudieran tener como resultado obtener el control accionario o funcional de las mismas”.

También ha de operar “cuando mediante maniobras de especulación de una persona física o jurídica, fondo financiero o grupo financiero, cualquiera sea la figura jurídica utilizada para su representación, éstos se coloquen o pudieran colocarse en situación de bloqueo a la obtención de acuerdos de reestructuración empresarial, judicial o extrajudicial; o indirectamente procesos de transferencias accionarias con la finalidad de obtener condiciones más favorables en el tratamiento de sus créditos en perjuicio de los demás acreedores, del servicio público o del interés general”.

Expresa que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas o la Fiscalía de Estado en su caso.

El Ejecutivo define en los fundamentos al “fondo buitre”. Lo identifica como una forma de especulación que consiste en la formación de fondos de inversión que compran bienes a precios menores al valor del mercado o propiedades deprimidas, y quedan a la espera del rebote de esos precios para obtener, en otra coyuntura, grandes ganancias.

Respaldo de la ley en la Constitución entrerriana y en la Nacional

El Ejecutivo señala que el marco normativo constitucional provincial autoriza la iniciativa que se propone, porque considera una atribución de la Legislatura “dictar todas las leyes necesarias (…) para todo asunto de interés público y general de la provincia, que por su naturaleza y objeto, no corresponda privativamente al Congreso Nacional”. Estos conceptos están contenidos en el artículo 81º, inciso 32 de la Constitución Entrerriana.

La ley es entonces un ejercicio efectivo de las facultades provinciales

Se explica también que la Constitución Nacional incorpora en el artículo 42º una directiva, sin distinción de jurisdicción, que es las de proveer el control de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, norma cuyos alcances implican una responsabilidad primaria del Estado en la preservación de las condiciones para asegurar la normal prestación de servicios en los que se encuentre, directamente comprendido, el interés público.

Destaca en los fundamentos que acompañan al proyecto que “el Estado provincial debe arbitrar medidas tendientes a evitar que operaciones financieras de corte netamente especulativas puedan interferir en el proceso de resuperación en la que se encuentren empresas que tienen una inserción directa con el interés público”.

Modificaciones al marco regulatorio eléctrico

También en el Senado está para su estudio un proyecto que incorpora un Régimen de sanciones por incumplimientos y causales de caducidad del contrato en la ley 8916 (Marco Regulatorio Eléctrico Provincial), que contiene las normas que rigen la prestación del servicio de distribución de electricidad en Entre Ríos. En los fundamentos, el Ejecutivo –impulsor de la iniciativa que pasará a Comisión en la sesión de hoy- señala que este cuerpo normativo, vigente en la actualidad, no tiene un sistema por las que el poder concedente (el Estado) pueda disponer la caducidad de la concesión otorgada.

El proyecto de ley apunta a mejorar y modernizar las normas que rigen en la provincia fortaleciendo el rol del Estado. Se trata además de salvar la omisión citada, introduciendo en forma expresa la facultad de declarar la caducidad de la concesión ante la existencia de un incumplimiento por parte del concesionario.

Se propone incorporar el artículo 41º bis, en el que se expresa que “será considerada causal de caducidad de la concesión, cuando agotados los procesos de ejecución de las garantías constituidas en los Contratos de Concesión, no se lograran remover las causales que los originaron”.

Agrega que “declarada la caducidad del contrato, el Poder Concedente podrá disponer que todos los bienes de propiedad de la misma que estuvieran afectados de modo directo o indirecto a la prestación del servicio público sean transferidos en forma inmediata al poder concedente, en cuyo caso serán pagados a la distribuidora, de acuerdo a la valuación que resulte del valor actual del flujo neto de fondos descontado, que los mismos generen”.

Inmediatamente indica el extenso artículo que “la tasa de descuento a aplicar será la que fije el Entre Provincial Regulador de la Energía (EPRE)” y señala que “si la valuación se produjere al vencimiento del plazo de la concesión, el período a aplicar para la determinación de dicha valuación será de 40 años”.

Dispone en el artículo a agregarse a la ley 8916 que “el importe de esta valuación será aplicado a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el Concedente, incluidos los gastos y demás daños provocados por la caducidad de la concesión operada y al pago de las penalidades previstas en el Contrato para el caso de incumplimiento del Concesionario”.

La parte final del nuevo artículo que se agregaría al Marco Regulatorio Eléctrico Provincial expresa que “en caso de que existiera un saldo remanente luego de cancelados los créditos de la Concedente, dicho saldo será depositado judicialmente para su reintegro al Concesionario”.

El Ejecutivo Provincial señala en el proyecto de ley que envió a la Cámara Alta que al momento de aprobarse la norma “los contratos de concesión vigentes deberán adecuarse a lo dispuesto en la presente ley, dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su publicación”.

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