L

La empresa, con inversiones en la Argentina y Brasil, comenzó un proceso crítico en el primer semestre de 2001, cuando entra en cesación de pagos; continúa con la salida del mercado avícola en febrero de 2002, cerrando el frigorífico en Crespo; y, luego de un sinnúmero de avatares, se presenta a concurso para evitar la ejecución de las hipotecas, por parte del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., de las plantas que la empresa posee en Hasenkamp y Molino Doll.

La acusación se realiza contra el directorio del Banco de Entre Ríos, ante el Juzgado de Instrucción Nº 1, a cargo del Dr. Ricardo González, personalizado en las figuras de sus directores generales, Dres. Carlos Cela y Ojea Quintana, y se sostiene en lo que se considera un actitud defraudatoria, pero con ribetes surrealistas.

Para agosto de 2000, Sagemüller poseía una deuda de algo más de 3 millones de dólares con el Bersa —un millón por un crédito otorgado y dos más por descubiertos que la empresa fue solicitando para su funcionamiento, ambos sin garantías reales—. Por esos días, la empresa tenía una deuda global por 20 millones de dólares, pero su facturación anual ascendía a los 115 millones de la misma moneda. El grupo comenzaba a mostrar la fatiga de años de déficits de su negocio avícola y con sus marcas (Molinos Sagemüller, Reinharina, Bárbara, Keksy y Bacán) —si bien con alto posicionamiento—, perdiendo participación en un mercado interno contraído y muy competitivo.

Según la presentación del Dr. Julio Federik, cuando la crisis recrudece, el Bersa advierte la necesidad de garantizar la deuda quirografaria de U$S 3 millones, gran parte de ella extendida como adelanto de cuenta corriente, con alguna hipoteca.

Según el escrito, el Bersa propuso el siguiente acuerdo: “...que su expertisee (sic) financiando actividades primarias les daba la posibilidad de resolver el problema de la compañía, comprometiéndose a asistirla financieramente teniendo como objetivo mejorar el perfil de vencimientos de los pasivos (20 millones de dólares) y a otorgar un nuevo crédito para financiar capital de trabajo (8 millones de dólares)...”. En concreto, el banco se ofreció a ser el agente que reestructuraría la deuda global de la empresa, comisiones de por medio, y a otorgar un nuevo crédito de 8 millones de dólares para permitir la continuidad operativa de Sagemüller en un plazo de 180 días. Finalizado este período, le solicitaría 90 días más de aplazo.

La propuesta, que sedujo a la firma crespense, exigía como contraparte la contratación de Infupa, la consultora de negocios a cargos del Ing. Manuel Solanet, —un economista con alta ascendencia en el mercado, dirigente de la Fundación de Investigaciones y Estudios Latinoamericanos (FIEL)—, que estuvo a cargo de la gestión de las privatizaciones en el sector financiero del Crèdit Agricòle en la Argentina, que debía tasar Sagema (la planta que la empresa posee en San Luis). Asimismo, Sagemüller debía contratar al buffet de abogados del banco (Estudio Bonchil) y ofrecer una garantía hipotecaria, por la deuda anterior, de U$S 3,5 millones.

De acuerdo a la presentación, la empresa cumplió y resolvió la venta del activo, que fuera valuado por el propio Solanet en la suma mínima de 80 millones de dólares, fijando comisiones y honorarios de los profesionales actuantes.

Sagemüller asegura que cuando el Bersa concreta formalmente la propuesta, ya tenía decidida su salida del mercado argentino, por lo que todo lo hizo para garantizar la deuda inicial de U$S 3 millones, y poco le importaba la reestructuración de su pasivo global, a lo que pone como argumento que por la acopiadora de Molino Doll, recibió una oferta de adquisición por U$S 1,7 millones de la empresa Cereales Bolzán, constantes y sonantes, y que el banco rechazó.

“En el montaje de esta escena, Sagemüller S.A. cumplió con todas las exigencias para obtener lo que le habían prometido y pagó todos los gastos consiguientes pero —finalmente— se encontró con que había otorgado la garantía hipotecaria y que la zanahoria era colocada a varios metros de sus posibilidades. Una vez que el Bersa logró el aseguramiento de su crédito y accedió a su posición dominante, incumplió adrede y sistemáticamente las obligaciones a su cargo. No reestructuró la deuda por 20 millones ni otorgó los 8 millones de dólares de crédito a los que se había comprometido. Era todo esto una patraña para lograr su objetivo: el aseguramiento a través de la hipoteca con una escritura ideológicamente falsa”, reza el escrito presentado por Federik.

La acusación se formaliza, entonces, argumentando que el banco actuó de mala fe, ya que se posicionó como un acreedor hipotecario, antes de la formalización del mandato que habría de recibir por parte de la empresa para que asumiera el compromiso formal del financiamiento del total de la deuda de la compañía, simuló un crédito por U$S 8 millones que nunca existió, abandonó el país sin cumplir sus compromisos como agente de la reestructuración del pasivo, impidió la transacción de un bien garantizado que hubiese permitido un poco de oxígeno financiero llevándolo a la asfixia, rechazó 11 cheques a proveedores por un valor total de 100.235,31 pesos y provocó el cierre de sus cuentas. Si bien la demanda no cae sobre el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A,. Sagemüller entiende que, moralmente, no debería haberse ejecutado las garantías por U$S 3,5 millones, y por ello es que se presenta la demanda penal en lo que se califica como agotamiento del iter criminis (continuidad del recorrido del delito). “Desde luego que no tiene porqué conocer lo que ocurrió en la administración anterior, pero la garantía del crédito que le cedieron tiene el vicio original de su nacimiento”, dice la demanda.

El proceso está plagado de errores, genuinos o deliberados, por parte de la empresa. Sin perjuicio de esto, Federik entiende que “no estamos en el plano de la picardía bancaria que debe tolerar el cliente anónimo o en el ámbito del riesgo permitido y asumido (...). Estamos ante una maniobra concreta, ejecutada en diversos planos temporales en los que se engañó deliberadamente para obtener un provecho económico indebido”.

Sagemüller entendió que los estrados judiciales eran el mejor camino para dirimir los intríngulis de su concurso; también existen demandas contra el Banco Galicia y la Corporación Interamericana de Inversiones, lo que pone la reestructuración de la deuda en una situación muy compleja. La empresa buscará una quita real de su pasivo, destrabar algunos bienes para ofrecerlos como garantías a algunos acreedores y, en otros casos, pretenderá un acuerdo de Quality Participation (adquisición de acciones para beneficios futuros). La incógnita reside en qué actitud tomará Santa Elena Bursátil, una financiera propiedad de los hermanos Juan y Jorge Terrado a la que Sagemüller acudió en un momento de asfixia y firmó un contrato leonino, y que hoy es uno de los principales acreedores. Fuente: El Diario