M
olina indicó que ante esta situación “seguramente la provincia establecerá dos planos de relación con la empresa distribuidora: el primero será el de los mutuos reclamos donde la Fiscalía de Estado será la que actúe en defensa de los intereses de la provincia y el otro plano de relación -que es el que más interesa a los ciudadanos- es el de las concreciones de obras”.
Según informó el funcionario, en este último plano tanto la provincia como la distribuidora de gas tienen sendas obligaciones.
“Gas Nea, más allá del acuerdo, tendrá que ratificar un plan intensivo de conexiones que beneficie a la producción y a la familia entrerriana”, sostuvo Molina y agregó: “En tanto, el Estado provincial deberá sostener un plan de obra para ampliar la infraestructura gasífera entrerriana y extender redes”.
Posteriormente, Molina confirmó que “es voluntad del gobierno provincial ratificar que la cantidad de ciudades y pueblos atendidos en este plan gasífero será de 48 localidades”.
“De una posición acreedora, y por demagogia de hacer caer el tema de la contribución por mejoras, pasamos a una situación deudora”, sentenció Molina haciendo referencia a la gestión Montielista e indicó que “en el peor de los casos, estas controversias serán resueltas en sede judicial. Lo que importa para los entrerrianos es ver que pasa con el desarrollo gasífero en la provincia”.
En este marco el funcionario reiteró que “el gobierno entrerriano se concentrará más que nunca en un plan de obra que en un corto plazo -lo que resta del año- prevé habilitar las conexiones de gas en las localidades de Galarza y María Grande; realizar extensiones en Piedras Blancas, Viale, Villaguay, Nogoyá y Diamante y se está a punto de definir un esquema de promoción para las instalaciones interiores de todos los parques industriales, de manera de colaborar con la radicación de empresas y mejorar los niveles productivos en la provincia”.
