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entro del Gobierno nadie lo quiere reconocer abiertamente, según dice El Diario de Paraná; pero el convenio con Gas Nea está prácticamente caído. Y si no se es más contundente al respecto es porque la concesionaria aún no comunicó formalmente la decisión y, ya se sabe, la esperanza es lo último que se pierde.
Pero las versiones son firmes en cuanto a que en una reunión de directorio, el jueves último, Gas Nea resolvió dar por terminado un acuerdo que llevó cuatro meses elaborar y que, por citar dos o tres aspectos centrales, obligaba a la empresa a diseñar un programa masivo de conexiones y transformaba deuda del Estado en inversión contante y sonante, que mejoraría la actual red y permitiría que el combustible llegue incluso a localidades que no podrían contar con el servicio si se aplicaran estrictas reglas de mercado.
El desbarajuste se armó cuando al secretario Legal y Técnico de la Gobernación, doctor José Gervasio Laporte, se le ocurrió reclamarle a Gas Nea que informe quiénes integraban el fideicomiso que le serviría de trampolín para plantear el plan de inversiones. La empresa, que usufructúa una concesión nacional, entendió que la solicitud era por lo menos irreverente, que atentaba contra el buen gusto, sobre todo porque la que estaba en falta era la Provincia y el convenio en cuestión era notoriamente beneficioso para Entre Ríos aunque, la verdad sea dicha, también para la empresa.
En poco tiempo, se trata de la segunda intervención polémica de Laporte que, días atrás, en el marco de la discusión por el Régimen Jurídico Básico, se animó a poner en cuestión lo obvio: el derecho que asiste a los trabajadores de decidir medidas de acción directa, en función de reclamos gremiales. En aquella ocasión, mientras el funcionario procuraba demostrar que Newton bien pudo haberse equivocado cuando aseguró que por efecto de la gravedad los cuerpos tienden a caer sobre la tierra, los detractores del “intocable” sonrieron de satisfacción como lo hubiera hecho un grupo de productores de whisky si hubieran encontrado, en plena ley seca, borracho a Elliot Ness.
Apenas surgió el diferendo, distintos funcionarios provinciales intentaron acercar posiciones, pero evidentemente los esfuerzos fueron en vano. En la saga aparecen relatos cuasi-cinematográficos, como el que asegura que en una de las tensas reuniones, uno de los directivos de Gas Nea se pegó con el puño izquierdo en la mano derecha, maldiciéndose por haber aceptado firmar el acuerdo que ahora está prácticamente condenado a ser letra muerta.
PLAN B. Lo concreto es que la Secretaría de Energía ha desempolvado un programa alternativo, que empezó a delinear al comienzo de la gestión y perdió terreno cuando se fue forjando el acuerdo con Gas Nea. Para Carlos Molina, si el acuerdo con la empresa Gas Nea se “frustrara, el Gobierno provincial deberá redoblar los esfuerzos para sostener el plan de desarrollo gasífero entrerriano.
El funcionario indicó que ante esta situación “Gas Nea, más allá del acuerdo, tendrá que ratificar un plan intensivo de conexiones que beneficie a la producción y a la familia entrerriana”, sostuvo Molina y agregó: “En tanto, el Estado provincial deberá sostener un plan de obra para ampliar la infraestructura gasífera entrerriana y extender redes”.
Posteriormente, Molina confirmó que “es voluntad del Gobierno provincial ratificar que la cantidad de ciudades y pueblos atendidos en este plan gasífero será de 48 localidades”.
En este marco el funcionario reiteró que “el Gobierno entrerriano se concentrará más que nunca en un plan de obra que en un corto plazo —lo que resta del año— prevé habilitar las conexiones de gas en las localidades de Galarza y María Grande; realizar extensiones en Piedras Blancas, Viale, Villaguay, Nogoyá y Diamante y se está a punto de definir un esquema de promoción para las instalaciones interiores de todos los parques industriales, de manera de colaborar con la radicación de empresas y mejorar los niveles productivos en la provincia”.
