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��No hay ninguna razón de costo, de posibilidades, ni de reclamos sociales que justifiquen una postergación” en la instrumentación de jurados populares, respondió el doctor Alberto Binder, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, (Inecip).Doctor en Filosofía Iberoamericana, investigador y docente universitario, Binder estuvo el miércoles último en Paraná, donde brindó una conferencia debate sobre las reformas a la administración de justicia y la seguridad ciudadana, declarada de interés por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). “La resistencia de los abogados profesionales es enorme y es uno de los daños que la corporación de los abogados le hacemos a este país”, respondió Binder al ser consultado sobre una de las iniciativas vinculadas al funcionamiento de la Justicia que el Ejecutivo provincial remitió a la Legislatura en el mes de abril.
Al analizar las voces contrarias a este sistema, sostuvo que la oposición es “incomprensible” porque en primer lugar, “es desoír una norma y un consejo político de nuestros constituyentes que no han dejado la opción de discutir a favor o en contra. Esa es una discusión impropia porque en el plano constitucional está decidido”. Señaló que el único debate que pudiera darse entre los legisladores es si están dadas las condiciones para ponerlo ya en práctica.
En ese sentido, estimó que “si los constituyentes hubiesen sabido que se iba a producir esta demora, no hubiesen dudado un instante en ponerlo como obligatorio”.
Binder explicó que el juicio por jurado “es una necesidad del sistema político y por algo nuestros constituyentes hace 150 años pusieron muchísimo énfasis en eso”.
Subrayó luego que “es una de las instituciones más nombradas en la Constitución Nacional, como uno de los consejos que los constituyentes le daban a los legisladores acerca del modo de fortalecer al Poder Judicial: hacer una fuerte alianza entre la ciudadanía y el Poder Judicial. Lastimosamente, esto se desoyó y es una —no la única— de las razones por las cuales hoy existe esta lejanía entre este Poder y la ciudadanía”.
Sobre el cambio que podría producirse con la aplicación del nuevo sistema, advirtió que “al jurado no hay que cargarle más tareas ni expectativas de las que puede dar. Es decir, no va a solucionar los problemas de seguridad ni de eficiencia de la justicia. Es una institución valiosa, tiene un valor político y pedagógico enorme”, evaluó antes de sostener que “me parece que es el momento en el que hay que dar este paso”.
Cabe recordar que el Congreso Provincial de Derecho que se reunió en Paraná el último fin de semana de septiembre, cuestionó severamente la implementación del juicio por jurados en Entre Ríos. “La resistencia de los abogados profesionales es enorme y es uno de los daños que desde la corporación le hacemos a este país”.
Para desacreditar uno de “los mitos que creamos los abogados”, aseguró que “la ciudadanía en general, tiende a mostrar mayores niveles de sensatez en sus soluciones”.
Descalificó además, otra de “las argucias que se han usado históricamente, que es la de buscar un fallo de un jurado con algún error y utilizarlo para tirar abajo toda una institución; si tomáramos los casos de errores y barbaridades que hacen los jueces profesionales encontraríamos mil”, señaló.
En definitiva, opinó que oponerse al juicio por jurados “es una falacia, una argucia que esconde los puros intereses corporativos y este horror que tenemos los abogados a que nos entre aire nuevo en el gueto que hemos hecho en la administración de justicia”. El Diario