Viernes 15 de octubre de 2004
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Política
Dura crítica del Defensor del Pueblo al municipio paranaense
En el II informe anual de la defensoria del pueblo el Defensor, Lic. Jorge Kerz, señala como una de las problemáticas estructurales de compleja - aunque no imposible- solución, las dificultades en el acceso y sostén de la vivienda y la consecue...

E

l déficit habitacional se ha expresado en una gran cantidad de actuaciones iniciadas en la Defensoría del Pueblo a partir de ciudadanos que llegan en estado de extrema angustia por encontrarse en situación de desalojo por falta de pago del alquiler, por ejecución de deudas contraídas, o porque necesitan un ámbito para radicar su familia, señala un comunicado enviado a Informe Digital

A ello se suma el reclamo de ciudadanos en situación de desprotección total y que pasan sus noches en la calle. La sucesión de presentaciones de este tipo es el emergente de un problema estructural muy profundo vinculado a la grave deficiencia habitacional que tiene la ciudad de Paraná y que afecta un Derecho básico como es el acceso a la vivienda.Con la pauperización generalizada de la población y la deficitaria política pública de construcción de viviendas, la situación evidencia su criticidad.

Al Municipio se le recomendó oportunamente la construcción de un albergue municipal para ciudadanos adultos que viven en la calle y aún no ha sido concretado a pesar del anuncio en los inicios de este año y de la designación de una coordinación para el establecimiento de dicho albergue.

A la Secretaría de Justicia Social Municipal, se le recomendó que realizase un convenio con algún hotel u hospedaje de la ciudad para que, ante la emergencia, exista la posibilidad -para las familias que se acerquen y que no se les puede brindar una solución inmediata- de (por aproximadamente 80 o 100 pesos al mes) alquilar una habitación donde se encuentren protegidos.

Se ha dado, incluso, el caso en que personal del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación ha enviado ciudadanos a la Defensoría del Pueblo para ver si desde esta Institución se les podía llegar a solucionar el problema de la vivienda.

Desde la secretaría de Justicia Social se ha solicitado en muchas oportunidades la intervención de la Defensoría del Pueblo para detener un inminente desalojo o para que desde la Municipalidad se pudiese otorgar un terreno y algunos materiales de construcción.

Según el Defensor, la vivienda y el banco de tierras deben ser políticas de PRIORIDAD, al corto y mediano plazo, sin embargo no debemos desconocer que se hace imprescindible también, la solución de la pura coyuntura, de familias que viven en condiciones infrahumanas, desprotegidas en las calles o intrusando galpones vacíos de los cuales son prontamente desalojados, o habitan en casillas o ranchos a todas luces indignos.

El modo en que el Municipio y la Provincia enfrenten estas situaciones marcará seguramente un antes y un después para estas familias y sobre todo para los niños que forman parte de ellas.

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