U
na, está referida a la contratación efectuada con la empresa de investigaciones Kroll Associates dirigida por Frank Holder S.A en la que existiría la sospecha clara y fundada de abuso en el ejercicio de la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación con perjuicio patrimonial a la administración pública provincial por un valor aproximado de 200.000 dólares.
La segunda denuncia está vinculada a las irregularidades que existirían en la licitación pública que se hizo en la gestión de Montiel, para adjudicar la concesión del Puerto de Ibicuy, en el sur de nuestra provincia, y que tenía como objetivo principal, remodelar y reparar el puerto de referencia y concesionar la explotación del servicio.
Con respecto a lo que ya se ha dado en llamar el Caso Kroll, cabe señalar que bajo el pretexto de transparencia y mejorar los controles para prevenir actos de corrupción en diferentes organismos del Estado provincial, se celebró ese contrato, sin respetar ni tener en cuenta la normativa establecida en la Ley de Contrataciones del Estado y además argumentando confidencialidad, se mantuvo en secreto y no se hicieron los controles administrativos pertinentes, ni durante el proceso ni en el momento de hacer efectivo el pago de la cifra mencionada.
El Tribunal de Cuentas, oportunamente investigó esta contratación y concluyó en que había existido perjuicio patrimonial para el Estado provincial y a esas actuaciones las remitió a la Fiscalía de Estado. En el expediente que conforma la causa están los elementos probatorios que sustentan la denuncia.
La agente fiscal en turno tomó conocimiento de lo denunciado y a partir de ahora podrá requerir el inicio de la investigación penal. A partir de esa instancia, y en el caso de que el Juez de Instrucción lo considere pertinente, llamará a los ex funcionarios para que se brinden las explicaciones, haciendo uso de sus derechos constitucionales.
Los que habrían tenido responsabilidad civil y penal son el ex secretario general de la Gobernación, Gabriel Ferro, quien tuvo a su cargo la ejecución del contrato y el control del cumplimiento de las supuestas prestaciones pactadas y además quien efectuara el pago sin que aparecieran las contraprestaciones aludidas.
También se le atribuirían responsabilidades al ex fiscal de Estado, Sergio Avero, y de la misma manera se considera como principal responsable al ex gobernador Sergio Montiel, por ser el firmante de los decretos 2970/00 y el 4306/01 que tuvieron por cumplida la prestación de la empresa de investigaciones o del supuesto informe final sobre la tarea desarrollada.
Con respecto a la denuncia penal por las irregularidades en la licitación pública para adjudicar la concesión del Puerto Ibicuy, es necesario decir que el perjuicio no alcanzó a concretarse por lo dispuesto en el decreto 3779/04 del actual Gobierno provincial que declaró la lesividad de dicha contratación, aunque la gravedad del hecho denunciado es la ilegalidad que se observaría a lo largo de todo el proceso licitatorio. La principal irregularidad denunciada la constituye el hecho de haber comprometido los intereses económicos de la provincia por el plazo de 20 años, al aprobar el contrato con un canon equivalente a la mitad de lo que establecia el pliego.
Los ex funcionarios que tuvieron directa vinculación en este hecho fueron el entonces secretario de Obras y Servicios Públicos, el ex gobernador Sergio Montiel, que rubricó los decretos y el director del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios Públicos.
En aquella licitación pública se habría violentado de manera intencional la ley de Obras Públicas.
