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“Entendemos que las disposiciones contenidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal tienden a fortalecer la situación en materia fiscal de las Haciendas Publicas”, afirmó Busti, al tiempo que mencionó que “resulta de fundamental relevancia, el criterio de preservar el equilibrio financiero en la ejecución de los Presupuestos Públicos”.

En este marco, hizo hincapié en que con la adhesión a esta normativa “pretendemos evitar la generación de déficits fiscales en los presupuestos, tales como los producidos en los ejercicios anteriores, básicamente en la gestión de Montiel, que fueron acumulando resultados negativos e incrementando la deuda publica, con las consecuencias que luego debimos afrontar”.

En cuanto al contenido de la Ley a la que el gobierno propone adherirse, Valiero refirió que “tiene diversos capitulos, en los que se establecen los criterios de administración presupuestaria, como que el Gobierno nacional presentará anualmente el marco macrofiscal que se proyecta para el siguiente ejercicio, y de esta manera las administraciones provinciales tengamos información necesaria para la elaboración de los presupuestos”.

La norma prevé además la publicación periódica de la información fiscal de los distintos gobiernos tanto nacional, como provinciales, “lo que hace a fortalecer la transparencia en la gestión pública”, aseguró el funcionario.

En los otros capítulos se establecen reglas para el tratamiento del gasto y los ingresos públicos para las etapas de formulación y ejecución presupuestaria, con el objetivo de preservar el equilibrio financiero, que es – al decir de Valiero – “el eje central para esta gestión”.

Con relación al endeudamiento público “se establecen pautas para ubicarlo en un nivel que permita dejar libres recursos para preservar la prestación de los servicios básicos”, acotó.

En este manco, el titular de Economía señaló que la Ley de Responsabilidad Fiscal contempla que “para las provincias que no cuenten con el financiamiento necesario puedan concretarse programas vinculados a la atención de su deuda, en la medida que las mismas observen pautas de comportamiento fiscal compatibles con los objetivos de la ley”.

“Es en esta instancia que nuestra provincia necesita concretar con el Gobierno nacional un convenio, que permita refinanciar el total o una parte de los servicios de amortización de deuda, que debemos afrontar en el ejercicio 2005, y que asciende a 311 millones de pesos.

En este punto, Valiero hizo referencia a lo informado por el secretario de Hacienda de la Nación, quien dio cuenta que “estos préstamos tendrán condiciones más favorables que los Programas de Financiamiento Ordenado de años anteriores, en cuanto al plazo”. Luego recordó que “los anteriores eran con un año de gracia y su amortización en tres años, lo que implicaba ir tirando el problema para plazos muy cercanos”.

También se dispone la creación del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal como órgano de aplicación del régimen propuesto. ”Este Consejo estará integrado por los ministros de Economía y/o Hacienda de los Gobiernos nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tendrá la misión de evaluar el cumplimiento de los preceptos establecidos y de aplicar eventuales sanciones”, refirió el ministro.

Valiero dijo que “la Ley de Responsabilidad Fiscal ha previsto que las jurisdicciones provinciales se adhieran, y a partir de ello esta norma comenzará a ser aplicada”.

Por último, el funcionario entendió que en la Ley Nº 25.917 “se establecen los instrumentos necesarios para que coadyuven a una solvencia fiscal en el mediano y largo plazo, lo que expresa la prioridad asignada por el Gobierno entrerriano al prudente manejo de las finanzas públicas”.