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través de este mecanismo se suspende el juicio a prueba y la persona sindicada de haber cometido un hecho ilícito (pero que jurídicamente es inocente por no haber sentencia) se somete a una serie de reglas de conductas, que pueden variar desde trabajos comunitarios hasta cursos de capacitación.Desde su aplicación en la provincia, 814 personas están cumpliendo con tareas comunitarias en distintas ONG o en entidades públicas. Aunque se haya suspendido el juicio y las personas sometidas a Probation son jurídicamente inocentes, deben cumplir estrictamente con las tareas designadas. No hacerlo implicaría la continuidad del proceso penal.
Desde el 15 de mayo y hasta el 15 de noviembre, el equipo interdisciplinario funciona con el presupuesto del Superior Tribunal de Justicia (STJ), pero a partir de esa fecha, será el Gobierno entrerriano el que disponga de las partidas necesarias para que la coordinación general y la asesoría legal del organismo pueda hacer el seguimiento de las personas que se encuentran bajo la reglas de conductas.
“Esto es un parche del sistema penal, por la cantidad de causas que ingresan diariamente a los juzgados de Instrucción o Correccional. Cuando todavía no se había creado el equipo, se aplicaba la suspensión en forma excesiva y al no haber un seguimiento no se sabía si las personas sometidas a este sistema cumplían o no con las reglas de conducta impuestas y hasta se llegaba a extinguir la acción penal”, indicó Pablo Barbirotto, asesor legal del equipo.
Aunque está establecido por Ley, la inquietud del equipo es conocer qué sucederá con esa oficina a partir del 15 de noviembre. “Nosotros hemos hablado con los funcionarios provinciales y desde el STJ también se pidió que se presupueste la partida para el funcionamiento del equipo, que debería crearse en toda la provincia. De acuerdo a los cálculos, a la provincia le insumiría unos 150 mil pesos anuales”, destacó la coordinadora general Bibiana Starck.