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Opinaron que “esta suerte de travestismo jurídico para disfrazar un contenido en la Ley del IAFAS que debe ser denunciado, para no ser cómplices no sólo de la violación de aquella norma legal, sino por la transferencia de importantes recursos a sectores privados de dudoso origen, que han sido señalados como cercanos al lavado de dinero y tráfico de drogas”.

Desde el bloque opositor, sostuvieron el decreto por el que se habilita que “la explotación y administración” de los juegos de azar puede realizarse a través del IAFAS “‘de manera directa o conjuntamente con terceros concesionados para proyectos integrales de emprendimientos turísticos’, parece haber sido redactada a medida del hotel que se inauguró en Victoria, y que de ahora en más tendrá la posibilidad de anexarle una sala de juegos”.

Los diputados del Nuevo Espacio, Juan Domingo Zacarías, Beatriz Montaldo, Antonio Mainez y Oscar Grilli, remarcan que “el decreto da el primer paso hacia la explotación en manos privadas del juego de azar, implica el riesgo laboral para los empleados de las salas, a la vez que instala una competencia desleal para el Estado por parte de los privados por autorización del mismo gobierno, poniendo en riesgo el patrimonio de los entrerrianos”.

“El IAFAS fue creado para brindar apoyo financiero a los planes de acción y seguridad social para lo cual tiene a su único y exclusivo cargo la explotación y administración de los juegos de azar. Por lo tanto, su carácter comercial no lo habilita de manera alguna a celebrar cualquier tipo de contratos y operación que altere la forma en la que debe lograr sus objetivos”, subraya el informe de los legisladores. Asimismo, sostiene que “hacer decir a la ley lo que la ley no dice. Ésa es la consigna de todos y cada uno de los funcionarios que participan en la formación del Expediente analizado. Porque a nadie escapa que la concesión a terceros de la explotación de un servicio público o contrato hoy a cargo del Estado es ni más ni menos que su privatización al mejor estilo de las empresas distribuidoras de la energía o del gas que están también sometidas al control estatal y así nos va”, explicaron.

Para el Nuevo Espacio, “esta suerte de travestismo jurídico para disfrazar un contenido de la Ley del IAFAS que debe ser denunciado, para no ser cómplices no sólo de la violación de aquella norma legal, sino por la transferencia de importantes recursos a sectores privados de dudoso origen, que han sido señalados como cercanos al lavado de dinero y tráfico de drogas”, finaliza el informe.