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sta adhesión, según Martínez Garbino, “condicionará fuertemente a la provincia –que entre el presupuesto ejecutado en el 2003 y el presupuesto para el 2005 tiene una diferencia de mil millones-, ya que con un nivel de gastos corrientes estable, parte de ese aumento en la masa de dinero a manejar por el gobierno podrían ser destinados a una mejora salarial de empleados y jubilados de la administración pública, como a políticas de desarrollo. Pero esta adhesión impedirá una mejora en la calidad de vida y la inyección de fondos al circuito económico”.

Martínez Garbino destacó en un comunicado enviado a Informe Digital que “el tema central de la ley está en su artículo 10, que indica que tanto la Nación como las provincias, se comprometen a futuro, a no aumentar el gasto primario (todos los gastos del sector público menos los intereses de la deuda) por encima de la variación del PBI. Sólo quedan exceptuados de tal limitación los pagos a los acreedores externos y, adicionalmente, el gasto en infraestructura social básica”.

“No debemos olvidar que esta deuda externa, que se paga con el sacrificio de la gente y la excusión social, se originó durante la dictadura militar y benefició a un reducido grupo de grandes empresas. Subió sustancialmente durante los años 90, para beneficiar a los especuladores nacionales y extranjeros, que fugaron el grueso de las divisas obtenidas con más endeudamiento. Hoy se pretende que sigan pagando los sectores mayoritarios, los que menos tienen y que nada recibieron”, recordó el referente político entrerriano.

El ex intendente de Gualeguaychú indicó que “hay que tener muy en cuenta que salvo el pago de intereses de la deuda, que subió a tasas muy elevadas, el resto del gasto se mantuvo durante los años ´90, casi sin variaciones. Pero con la devaluación y la inflación desatada en el 2002, el gasto público cayó en términos reales más del 30%. Y esta ley dispone mantenerlo así indefinidamente”.

Esto marca que desde el punto de vista político, pone en evidencia una clara situación de dependencia externa, donde decisiones soberanas que afectan a la sociedad e implica una profundización del centralismo. Desde el punto de vista social, en el marco de una inédita situación de marginalidad y pobreza generalizada, se está decidiendo mantenerla a futuro sin demasiadas modificaciones. Donde los jubilados continuarán recibiendo magros ingresos, los salarios públicos seguirán fuertemente deteriorados, y el estado de destrucción de los servicios públicos esenciales (salud, educación, justicia y seguridad) se mantendrá indefinidamente. Finalmente, y desde el punto de vista de nuestras posibilidades de desarrollo, está claro que una norma como la comentada impedirá cualquier intento de recorrer un camino diferente al impuesto por los poderes económicos y financieros locales y extranjeros.

“Los legisladores deberán advertir –indicó por último Martínez Garbino- que si se llegase a obligar a adherir a las comunas, se estaría cometiendo otro grave error, ya que se estaría castigando a los municipios que han hecho bien las cosas y crecen sostenidamente. Así, se metería a todos en una misma bolsa y los municipios que son en definitiva los que llegan con más eficiencia a resolver los problemas de la gente, tendrían las manos atadas para desarrollar sus políticas”.