A

La medida, que tiene efecto legal desde que fuera publicada, fue tomada a través de la reglamentación del artículo 3º de la ley 5144, sobre la base de dictámenes emitidos por los organismos provinciales de contralor: la Fiscalía de Estado; la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos.

Conforme a las opiniones de estas dependencias oficiales, el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social solicitó que se reglamente el Art. 3º de la Ley Nº 5144 y modificatorias a efectos de que “mediante la figura jurídica de la concesión, pueda otorgar la explotación de máquinas tragamonedas, y la explotación de los juegos de casinos propiamente dicho mediante un sistema de gestión directa o indirecta, conforme las características que en cada caso se requieran”, según prescribe la norma.

Sobre esta determinación del Gobierno, el gremio de ATE iniciaría este miercoles una acción de revocatoria que, según informó a APF el Secretario de Interior de la entidad, César Peralta, ya estaría redactada en un borrador de seis carillas.

Peralta recordó que en el encuentro con el gobernador Jorge Busti el miércoles pasado “se llegó a un acuerdo donde se iba a modificar esta cuestión”. “Ahora vendrá nuestro recurso de revocatoria y luego se dará marcha atrás, según lo acordado”, estimó.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial de la provincia, establece que “la explotación y administración de todos los juegos de azar autorizados en la Provincia por el Poder Ejecutivo pueden efectivizarse a través del Instituto de Ayuda financiera a la Acción Social de manera directa o conjuntamente con terceros concesionarios”.

Esta privatización a través de concesión que el decreto prevé, está orientada a “proyectos integrales de emprendimientos turísticos, elegidos mediante procedimientos públicos de selección” con ajuste a lo establecido en las leyes que rigen las contrataciones del Estado, los que “siempre deberán adjuntar en su oferta un proyecto integral de inversión turística que contemple costos totales, posibilidad financiera de afrontarlos, flujo de fondos, período de recupero del capital, etc.”

El dirigente de ATE comentó que, luego de la publicación (que se concretó ayer) cuentan con tres días para presentar la revocatoria, que será interpuesta ante el primer mandatario entrerriano.

“En la reunión con (Osvaldo) Laporte (Secretario Legal y Técnico), le dije que este decreto nos iba a poner en una situación de conflicto. Este tema viene conversándose desde el 21 de mayo, cuando tuvimos el primer encuentro cuando surgieron declaraciones en torno a la concesión. Nosotros nos mantuvimos en el esquema de que el juego de azar tenía que estar en manos del Estado, y le dimos argumentos culturales, filosóficas e ideológicas” en este sentido, narró Peralta.

• Argumentos

En los considerandos, el Ejecutivo contempla las actuaciones que el Ingeniero Blas García, Administrador Delegado del Poder Ejecutivo el IAFAS, en las que se eleva el informe sobre la factibilidad de concesionar la explotación del juego por parte de ese Instituto elaborado por el Secretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos. A través de es dictamen se solicita la reglamentación vía decreto del artículo 3º de la Ley 5144 y modificatorias, “sin alterar el espíritu de la misma, solicitando también se recabe la opinión de la Fiscalía de Estado, la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas. Todos los organismos de contralor se expresaron favorablemente a que el Instituto concesiones los “distintos juegos de azar en la provincia”.

El decreto establece que en el dictamen de la Fiscalía de Estado se expresa: “Cuando la Ley alude a que el IAFAS tiene a su cargo la explotación exclusiva y excluyente quiere decir que no puede delegar el control o poder de policía, pero sí que la actividad tendiente al cumplimiento de sus objetivos la puede ejercer o llevar a la práctica mediante distintos tipos de contrato, como puede ser por ejemplo el de concesión; de lo contrario no tendría ningún sentido que la propia ley de creación autorizara al IAFAS a celebrar no solo contratos sino también cualquier tipo de operación destinada al logro de los objetivos referidos”.

El dictamen del organismo a cargo de la Dra. Claudia Mizawak indica que “los objetivos legalmente atribuidos al IAFAS puedan ser obtenidos de un modo directo y/o indirecto”.

El decreto aludido trae también como anteceden un dictamen anterior de la Fiscalía (el Nº 276)que textualmente expresa: “El IAFAS podría explotar para la atención de sus fines cualquier casa de juegos en sociedad con un particular sin violentar ningún texto legal atento a que ello no comportaría desprenderse ni de la explotación ni de la administración, las que además, también, admiten formas indirectas de ejecución”.

En este pronunciamiento también se utiliza un argumento del ex Ministro menemista Roberto Dromi (que tuvo a su cargo todas las privatizaciones importantes del Estado nacional). “Este modo – menciona la norma del Ejecutivo siguiendo el texto del dictamen de Fiscalía – de gestión pública indirecta para la intervención estatal directa se caracteriza porque en él “no existen personas públicas estatales encargadas de la ejecución de la actividad gestora, sino que esta se confía a “concesionarios”, “contratistas interpuestos”, de la administración central”, pues “existe una íntima vinculación entre gestión indirecta y contrato (sic. DROMI, José Roberto “Derecho Administrativo Económico” Ed. Astrea, Buenos Aires, 1977, pag.11 y 12, y nota Nº 37)”.

El decreto fue firmado por los señores Ministros Sergio Urribarri; Diego E. Valiero y Graciela D.L. de Degani en Acuerdo General.