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En un comunicado, los propietarios de cybers aseguran que “lamentamos que la norma haya sido elaborada a espaldas de los involucrados y sin ninguna instancia de participación”.

“Estamos a favor de regular la actividad con puntos precisos y consensuados. Nos preocupa el articulado de la ordenanza sancionada, que es ambiguo y pone en duda más de 300 comercios y pymes locales que han invertido y confiado en la ciudad brindando puestos de trabajo a más de 1.300 familias”, remarcaron. Por ello, solicitaron “al intendente Solanas que vete o derogue esta norma claramente cuestionada y convoque a una mesa de debate amplia y plural para elaborar una ley justa que contenga a todos”.