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a Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) compuesta por Carlos Chiara Díaz, Miguel Carlín y Daniel Carubia, resolvió anular el Decreto Nº 2.534 del gobierno provincial que dispuso, a solicitud de la Jefatura de Policía de Entre Ríos, pasar a disponibilidad al comisario inspector Miguel Ángel Vallejos, sin razones fundamentadas.
Ante esto, se hizo lugar a la acción de amparo promovida por Vallejos, ordenándose al Poder Ejecutivo deje sin efecto el decreto y suspender de inmediato los efectos de dicho acto administrativo.
El oficial consideró que la medida firmada el 22 de junio de 2004 había sido injusta por lo que recurrió a la Justicia. En ese orden la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4 de Paraná, Silvia Peremateu, desestimó la acción de amparo promovida por Vallejos contra el gobierno de la Provincia, por lo que con posterioridad acudió en queja ante la sala penal del STJ.
El policía representado por los abogados María Elena Romero y Raúl Avero, promovió la acción de amparo a los fines de que se declare la inconstitucionalidad, nulidad e ilegitimidad del Decreto Nº 2534 del gobierno que ordenó el pase a disponibilidad de Vallejos y reclamaba que se lo reincorporara en forma inmediata a las funciones en que se desempeñaba, en las mismas condiciones y situación de revista en la que se encontraba con anterioridad al dictado de la norma impugnada. En los fundamentos advertía que se le habían afectado los derechos legales del funcionario.
El Fiscal Adjunto del Superior Tribunal de Justicia, Mario Perosi, consideró que se podía hacer lugar al recurso de apelación interpuesto.
Se hizo notar que Vallejos cuenta con una antigüedad de 29 años y tres meses, cumpliendo actividades como comisario principal y luego como comisario inspector. Allegados a Vallejos sostuvieron que el aparente motivo no especificado en el Decreto habría sido el fallido allanamiento realizado por la Policía el martes 15 de junio de este año en unos campos cercanos a la ciudad de Santa Elena, cuando Vallejos se desempeñaba como Subjefe de Investigaciones y trabajaba en el caso del contador Amado Abib.
Desde el gobierno se defendió el pase a disponibilidad, pero no se dieron a conocer los argumentos manifestando que era “por razones de índole estrictamente del servicio y que es dable destacar que en razón de no estar previsto otorgar cargo alguno a los mismos, se torna procedente en tal sentido, disponer el pase a revistar en Situación de Disponibilidad”.
Los vocales consideraron que “las facultades administrativas regladas o discrecionales, deben necesariamente ser motivadas y fundadas, y si bien es legítimo el ejercicio de la facultad discrecional invocada por el Poder Ejecutivo, cuya valoración compete exclusivamente a la Jefatura de Policía, la cual se desarrolla con caracteres de autoridad y conducción, con su consecuente acatamiento, pero el acto administrativo adolece de una motivación suficiente y adecuada”.
“No se verifica que en el caso concreto no haya sido la medida dispuesta un mero acto de voluntad, no se advierten seriamente las razones de hecho, de derecho y la finalidad , que justifiquen y legitimen la decisión tomada, la cual consecuentemente adolece de la necesaria y natural motivación que deben contener como requisito indispensable todos los actos administrativos, más aún cuando son de carácter discrecional. A falta de ella, el acto administrativo aparece como un acto caprichoso, arbitrario e inválido”, se aseveró en la resolución.
