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ctualmente perciben ese beneficio algo más de 1.300 empleados de la administración central en concepto de retribución por función. El pago de este rubro representa un costo mensual para el gobierno que orilla los 700.000 pesos, que sumado a la carga social representa unos 850.000.
Durante los últimos días se realizaron protestas en distintas áreas –por ejemplo la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud y Acción Social y el área de Recursos Humanos– reclamando que se unifique el pago en base al salario básico del secretario general de la Gobernación, que es de 1.750 pesos. En este caso, los adicionales representan un monto de 700 pesos para el jefe de Departamento (equivale al 40% del salario testigo), 612 pesos para el jefe de División (35%) y 525 pesos (30%) para el resto del personal de la repartición favorecida.
Los que reclaman son trabajadores que tenían ese privilegio fijado sobre salarios básicos menores, como por ejemplo el de director, que es de 1.360 pesos, y por lo tanto los montos que se pagan por función son 544, 476 y 411 pesos para cada categoría respectivamente.
La idea que alienta el gobernador Busti es que, como muchos de estos adicionales ya no se pueden modificar porque constituyen derechos adquiridos por el paso del tiempo, el mal menor significa congelarlos. Así lo hará saber el lunes a los funcionarios de toda la administración, advirtiéndoles además que quien desobedezca esta instrucción deberá responder por ello. “El que modifique la base de cálculo por decreto se hará responsable político y administrativo del tema”, habría indicado Busti ayer a los colaboradores que durante la mañana estuvieron en la Casa de Gobierno.
Además, la idea del mandatario es incluir la regulación de este tipo de adicionales en el nuevo marco que surja con la aprobación del Régimen Jurídico Básico, ya que considera que la continuidad o la profundización del mecanismo conspira contra un replanteo de la masa salarial.
“O al menos lo intentaremos. Trataremos de hacer un replanteo general de lo salarial en la administración pública. No puede ser que discutamos con los docentes 50 o 60 pesos y 1.300 tipos del escalafón cobran adicionales que son la parte del león. Hay que decir que los que hacen paro no es que no cobren, sino porque cobran 500 o 600 pesos y quieren 900 o 1.000”, explicó un allegado a Busti de los que van a trabajar los sábados por la mañana.
Lo cierto es que, mas allá de cómo se lo explique, en el gobierno se entiende que esos adicionales constituyen una clara distorsión y que si no se los puede dejar sin efecto o morigerar en su monto, al menos se los puede congelar para evitar que la brecha se agrande. De todos modos, circulaban ayer rumores en áreas de Economía dando cuenta que los futuros incrementos salariales se dispondrían de tal forma que absorban parte de los adicionales más elevados. Otro sector de los funcionarios del área encabezada por Diego Valiero aseguraba que el adicional se paga por función, y si la función no se cumple o se interrumpe debido a una protesta, corresponde no pagarlos.
Una historia de decretos
El pago de los polémicos adicionales se inició en 1991 en las áreas de Economía, Fiscalía y Sumarios entre otras. Posteriormente fueron suspendidos por la vigencia de la emergencia económica y se restituyeron a mediados de 1999.
Durante los últimos tres meses de la gestión de 19951999, se otorgó un adicional especial por tres meses a los empleados de la Gobernación. Ya en ejercicio del poder, Sergio Montiel decidió otorgarlos en forma definitiva, con excepción del área de Discapacidad, que había sido manejada por la esposa del gobernador saliente, Cristina Cremer. Con el mismo sentido excluyó del cobro al servicio contable de la Gobernación, por cuyo reclamo la Provincia perdió recientemente un juicio y deberá hacer frente a un pago del orden de los 3 millones de pesos.
Posteriormente, a través de un decreto, Montiel también elevó los adicionales fijando como base de cálculo el salario básico del secretario general de la Gobernación en lugar del que corresponde al director del área. Luego, por distintos decretos, incluyó a la Escribanía Mayor de Gobierno (Decreto Nº 424) y luego a otras reparticiones como la Casa de Entre Ríos o la Dirección de Despacho a través de los decretos números 1.326, 1.329 y 1.950. Ya en plena crisis económica de 2002 incluyó a través del Decreto Nº 829 a la Dirección de Despacho del Ministerio de Acción Social, y en 2003 a la Secretaría de Derechos Humanos y después (Nº 5.640) en octubre amplió la cantidad de reparticiones con la base de cálculo especial del secretario general de la Gobernación.Fuente: UNO
