Lunes 08 de noviembre de 2004
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Política
Derivarán a los hospitales a los afiliados del PAMI
La obra social rescindió el contrato con los prestadores y aunque por contrato están obligados a mantener la cobertura durante 30 días, es incierto qué sucederá...

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ay dos alternativas que se manejan; el plan A prevé abrir un registro de prestadores; y el plan B, el más seguro, utilizar los nosocomios públicos para dar atención.

Los 100 mil afiliados que tiene el PAMI en Entre Ríos entran hoy en una etapa crítica. Si bien los prestadores agremiados en el Instituto de Prestadores de Salud de Entre Ríos (Ipser) finalizan con el corte de atención, que iniciaron el lunes 1º, la cobertura queda entre signos de interrogantes en virtud de la decisión de la obra social de rescindir el contrato con clínicas y médicos. El viernes se conoció la determinación de la obra social de dar por concluido el contrato que mantenía con el Ipser, entidad que agrupa a la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), a la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Acler) y al Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos (Cober), y abrir el registro único de prestadores, una modalidad que busca terminar con los intermediarios entre la obra social y los afiliados.

Desde la obra social indicaron que mientras se consiga rubricar nuevos acuerdos con prestadores, el Ipser “está obligado” a mantener la cobertura durante un plazo de 30 días, aunque esa posibilidad es incierta. Antes del conflicto, médicos y sanatorios aplicaban recortes de hecho en la atención, y fijaban cupos, y en la última semana se sumó la negativa a atender siquiera las urgencias.

De modo pues que para dar atención a los pasivos (sólo en Paraná hay 18.800 afiliados, y en todo el departamento suman 26 mil, poco más del 25 % del total que hay en Entre Ríos), el PAMI tiene ideado un par de alternativas tras la ruptura con las corporaciones médicas.

El plan A, así lo llaman desde el organismo, prevé abrir un listado de prestadores interesados en operar con la obra social. “La obligación contractual para el Ipser es seguir atendiendo durante 30 días. En ese plazo, vamos a abrir listados de prestadores voluntarios, médicos de cabeceras, y sanatorios que quieran trabajar con nosotros. No con todas las clínicas, sino con el número de camas necesarias”, dijo José Nogueira, titular de la unidad de gestión local (UGL).

El mecanismo prevé asignar una cápita en función de la cantidad de afiliados para atender, partiendo de la base de que deben existir 3 camas cada 1.000 afiliados, con un 20 % extra de reserva, y 1 médico de cabecera cada 700 jubilados del PAMI.

Si no funcionara esa alternativa, en el PAMI tienen previsto poner a andar el plan B, que implica derivar toda la atención a los hospitales públicos, y cuando éstos superen su capacidad de atención, permitirles que puedan subcontratar con clínicas privadas. Nogueira explicó que durante la semana que duró el corte de servicios, los hospitales públicos pudieron suplir a las clínicas privadas, y que no fue necesario derivar pacientes hacia Santa Fe o Rosario.

“El hospital público puede absorber sin problemas toda esta demanda. Ya estuvimos hablando con autoridades provinciales, y hay total predisposición para trabajar en conjunto. En el caso de que acordemos una modalidad de prestación, la cápita que hoy el PAMI paga a los privados, iría al hospital público, para que maneje la atención de nuestros afiliados en el primer y segundo nivel, y que en caso necesario, que también subcontraten con clínicas”, explicó Nogueira.

De todos modos, en el PAMI aguardarán los resultados de la reunión que hoy mantendrá la cúpula del Ipser en Paraná en donde se definirán los pasos a seguir tras la rescisión del contrato prestacional, instancia en la que se resolverá si en los 30 días que siguen darán o no atención a los 100 mil afiliados, tal como están obligados por contrato. Aunque según señaló Nogueira, “lo peor que pueda pasar es que no haya atención, y eso ya lo experimentamos, y pudimos suplir a los privados con los hospitales, que dieron muy buena cobertura”.

Al respecto, indicó que “no se trata de una cuestión de dinero, sino de reacomodar el sistema”, y recordó que la cápita actual se ubica en 26 pesos, monto que ha ido creciendo de mayo a esta parte, cuando estaba en 21,40 pesos. De esa forma, el PAMI destina al mes 2,6 millones de pesos en cobertura médica a sus afiliados, con lo cual, dijo el funcionario, “sin necesidad de inyectar más plata al sistema se puede dar cobertura por vías alternativas, como la red de hospitales públicos”.

Sobre ese punto, Nogueira se mostró confiado de que “en 30 días se podrá contar con un mecanismo alternativo para seguir dando prestaciones”. La duda es qué pasará durante ese plazo bisagra de un mes, y cómo harán los jubilados para acceder a la atención médica.

Qué hay en disputa

Dos son los reclamos de los prestadores al PAMI: los débitos que le aplica la obra social sobre las facturaciones, que alcanzan al 30 %, y la indefinición en la cancelación de una deuda de más de 20 millones de pesos. Aunque últimamente también pusieron reparos sobre el bajo nivel de las cápitas, que ahora está en 26 pesos por cada uno de los 100 mil afiliados que tiene la obra social de los jubilados.

Los débitos significan la quita de un tercio sobre un monto mensual de 2,6 millones por derivaciones a los hospitales que la obra social debe hacer de pacientes que las clínicas rechazan, por la imposición de cupos.

Y ahora se vio que ése fue un camino sin retorno: disconformes con la retribución económica que recibían del PAMI, las clínicas comenzaron a poner trabas en la atención, cuando no llegaban al corte directo de las prestaciones, y eso provocaba que, a fin de mes, le descontaran de la facturación que presentaban al cobro todas aquellas prestaciones que se negaban a dar. El entredicho derivó a principios de mes en un paro por siete días de los prestadores que, a su vez, derivó en el hecho de que la obra social rescindiera el contrato con el Ipser.

Echan la culpa a Nogueira

“El propio PAMI está poniendo en riesgo la atención de los afiliados, y sobre la propia obra social recae la responsabilidad de lo que pueda ocurrir de ahora en más”, dijo ayer Carlos Navarro, miembro de la conducción de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos. El lunes 1º un grupo de consejeros federales del PAMI local, con el apoyo de José Nogueira, gerente de la delegación Paraná del organismo, solicitó que en forma “urgente” la titular nacional de la obra social, Graciela Ocaña, rescindiera el convenio con los prestadores, tal como informó EL DIARIO en su edición del martes. En el texto, se reclamó de manera “urgente la finalización de los convenios contractuales y firma de nuevos convenios con sanatorios, clínicas de Entre Ríos, primer nivel de prestaciones con círculos médicos y particulares, sin exclusividad de ningún convenio, dado que otro acuerdo distinto sería volver a los cortes de servicios”. “Una cosa es una medida de fuerza de los prestadores —evaluó Navarro— pero otra muy distinta es esta determinación de rescindir el convenio. A mí me parece que en la obra social deben ser concientes de lo que puede ocurrir a partir de ahora”. Fuente: El Diario

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