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Durante la noche del miércoles, el Senado de la Nación convirtió en ley, por unanimidad, la ampliación del Régimen de Inembargabilidad establecido por los artículos 19 y 20 de la Ley Nº 24.624. Tras la promulgación del presidente Néstor Kirchner, la protección de los fondos públicos no será exclusiva de la Nación, sino que se extenderá a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los municipios.

La norma en cuestión dispone que “los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público (...) son inembargables”. También establece que los pronunciamientos judiciales que obliguen al Estado al pago de una suma de dinero “serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en el Presupuesto”. En el caso de que la partida dispuesta especialmente en la Ley de leyes no alcance para costear todos los juicios, se deberán hacer las previsiones correspondientes en el ejercicio siguiente.

En la práctica, esto significa que durante 2005 los juicios en contra sólo le costarán a la Provincia 4 millones de pesos, según lo dispuesto en el artículo 24 del proyecto de presupuesto que analiza el Senado entrerriano.

Así, al menos durante el año que viene, se reducirán estas erogaciones que le han significado al Estado 145,2 millones de pesos desde 2002 a la fecha, según datos oficiales. De la cuenta de la Tesorería General se han embargado 31 millones de pesos en 2002, 62 millones de pesos en 2003 y 10 millones en lo que va de 2004; en tanto que en la cuenta de la Caja de Jubilaciones y Pensiones se han embargado desde mayo de 2002 un total de 42,2 millones de pesos.

“Va a ser una ley importante que va a permitir ordenar a la Provincia en estos 12.800 juicios que tenemos en contra, producto del disparate de haber emitido 260 millones de federales”, dijo el gobernador días pasados, cuando argumentó la necesidad de la ley.

La norma aprobada el miércoles tiene su historia, que en Entre Ríos se remonta a 1998. “Cuando yo era ministro de Economía pusimos un artículo en la Ley de Presupuesto de características similares. Pero la Justicia de Entre Ríos no le reconoció a la Legislatura la competencia de imponer un monto para pagar los juicios. Pese a que las sentencias excedían el límite previsto, se tenía que pagar igual”, explicó el actual asesor de la Gobernación, Marcelo Casaretto.

El obstáculo judicial, ante el aumento de la litigiosidad, hizo que el gobierno asumido el 10 de diciembre buscara alternativas. Pocos meses atrás Jorge Busti lanzó la idea de una autorización legislativa para emitir títulos con los cuales hacer frente a las sentencias; pero finalmente primó la idea de motorizar –a través de los legisladores entrerrianos– otra norma en el Congreso de la Nación que ampliara las facultades que ya posee el Estado federal, permitiendo al mismo tiempo salvar los planteos de inconstitucionalidad.